La periodista onubense condenada por la Audiencia de Huelva a dos años de prisión por revelación de secretos relacionados con el caso del asesinato de Laura Luelmo en El Campillo (Huelva), en diciembre de 2018, ha asegurado "tener la conciencia muy tranquila".
"Sólo hice mi trabajo", ha dicho a EFE la periodista, que ha asegurado que aún está asimilando la sentencia y quiere guardar el anonimato.
Ha avanzado que sus abogados van a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una sentencia que, como han apuntado desde las asociaciones de la prensa andaluzas, puede generar un peligroso precedente, ya que "atenta directamente contra el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir una información veraz, en este caso, verdadera".
La sentencia, la primera de este tipo en España, condena a la periodista, que en la actualidad se encuentra alejada del periodismo, como autora de un delito de revelación de secretos del artículo 197.3 del Código Penal a dos años de prisión, una multa de 18 meses con una cuota de seis euros diarios y la inhabilitación para el ejercicio de la profesión periodística durante el tiempo de la condena, además de una indemnización de 30.000 euros a los familiares de la joven asesinada.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) anunció este lunes que analizará las posibles repercusiones en el ejercicio de la profesión que pueda tener la sentencia y mostró su rechazo a la misma al entender que supone "un atentado contra la libertad de información".
Además, recordó la necesidad de regular el secreto profesional, tal como se consagra en la Constitución Española, para proteger el derecho para la libertad de información, como estaba contemplado en el proyecto que se encontraba en trámite parlamentario y que decayó por la convocatoria electoral.
Por otro lado, la Fiscalía de Huelva ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la sentencia que condena a una periodista a dos años de prisión por un delito de revelación de secretos relacionados con el caso del asesinato de Laura Luelmo en diciembre de 2018.
En el recurso, al que ha tenido acceso EFE, se solicita que se revoque la sentencia y condene a la acusada por el mismo delito pero aplicándole la eximente incompleta de actuar en ejercicio de la profesión periodística en relación con el derecho a la información (artículo 20.7 del Código Penal y 20 de la Constitución), lo que la eximiría de responsabilidad penal.
Subsidiariamente, en caso de que se decida mantener la condena por el tipo de delito determinado por la Audiencia de Huelva, pide que se le rebaje la condena a nueve meses de prisión y una multa de 1.620 euros.
En su recurso, el fiscal asegura que comparte "en gran parte" la sentencia dictada, aunque considera que "valora la prueba practicada en relación a la calificación jurídica de los hechos probados llegando a conclusiones sin motivación suficiente y razonable".
Tras indicar que no cuestiona los hechos probados y que "en ningún caso solicita una pena mayor a la impuesta", recalca cuestiones que, a su juicio, podrían haber llevado a una condena mayor, como el que en las informaciones "se revelan datos íntimos y muy sensibles de la víctima" o que "procedían de la filtración ilícita de las actuaciones sumariales y sin ninguna autorización de la familia de la víctima".
Dejando claro esto, el Fiscal centra su recurso en lo que considera infracción de ley por inaplicación de la eximente incompleta de actuar en el ejercicio de la profesión periodística en relación con el derecho a la información.
En este punto, señala el fiscal que en este caso "fue muy intenso e invasivo el tratamiento en medios escritos y televisivos de la muerte violenta de la víctima" y ese exceso fue lo que lo llevó al juicio oral, si bien entiende que, partiendo de la doctrina constitucional, debe apreciarse esa eximente incompleta y graduar la pena de forma proporcionada.
Considera que "no es razonable" que la sentencia no analice y desarrolle de forma suficiente la concurrencia como incompleta de esta eximente y, aplicando al caso la doctrina constitucional, señala que "partiendo de que la acusada es periodista, cubre una noticia de clara relevancia e interés público nacional y obtiene de forma no concretada pero ilícita las actuaciones sumariales".
"Las publica sin omitir datos que, afectando gravemente a la intimidad de la víctima y de su familia, nada aportaban al derecho constitucional de la opinión pública de estar informados del crimen y su investigación", afirma el fiscal.
"Estaríamos ante el supuesto en que la doctrina constitucional habla de excesos no amparables en su totalidad" ya que, si bien actuando bajo el ejercicio de su profesión, "publicó datos innecesarios para informar y que vulneraban la intimidad de forma grave", de ahí que entienda que se ha de aplicar la eximente de manera incompleta.
