El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Joaquín Urías cree que la sentencia de la Audiencia de Huelva que condena a una periodista a dos años de cárcel por revelación de secretos del sumario del asesinato de Laura Luelmo abre "una vía fraudulenta" para castigar a los profesionales de la información.
En un hilo en su perfil de Twitter, Urías se ha referido a dicha sentencia, conocida ayer domingo, y asegura que el fallo "complica bastante la libertad de prensa".
Esta sentencia complica bastante la libertad de prensa.
— Joaquín Urias (@jpurias) July 2, 2023
No es porque el Tribunal valore la relevancia de la información, sino porque crea una vía fraudulenta para castigar al periodista que publica un sumario secreto, algo permitido por la ley.https://t.co/WYSHM4YvsX
"No es porque el Tribunal valore la relevancia de la información, sino porque crea una vía fraudulenta para castigar al periodista que publica un sumario secreto, algo permitido por la ley", precisa.
El experto en Derecho Constitucional recuerda que el delito de revelación de sumario "solo castiga al juez o funcionario que lo filtra, pero no a quien recibe la filtración y la publica. Si es periodista tiene derecho a no revelar su fuente".
Se trata de algo, añade, que "siempre ha jodido a los jueces pero protege la libertad de información".
"Un periodista tiene que poder recibir el máximo de información y no puede nunca ser castigado por ello", señala Urías, y añade que "esta sentencia de Huelva busca cortar esa fuente y asustar a los periodistas".
En su opinión, el fallo de la Audiencia onubense "recurre a un fraude para esquivar la ley: entender que como el sumario es secreto, si el periodista lo recibe tiene un origen ilícito".
"Así si lo que se cuenta es mínimamente delicado pueden condenar a los periodistas por delito contra la intimidad. Hasta 4 años de cárcel", concluye.
La sentencia, la primera de este tipo en España, condena a la periodista como autora de un delito de revelación de secretos del artículo 197.3 del Código Penal a dos años de prisión, a una multa de 18 meses con una cuota de seis euros diarios y a la inhabilitación para el ejercicio de la profesión periodística durante el tiempo de la condena, además de una indemnización de 30 000 euros a los familiares de la joven asesinada.
