El Consejo de Participación de Doñana analiza este lunes en pleno extraordinario la Proposición de Ley (PDL) presentada por PP y Vox en el Parlamento de Andalucía sobre la regulación de las zonas de regadío de cinco municipios del Condado de Huelva y que se defenderá en sesión plenaria del Parlamento los días 12 y 13 de abril.

Así lo recoge la convocatoria del pleno, que apunta que solo hay un único punto del día: "información concerniente a la Proposición de Ley 'Mejora de ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva)' registrada en el Parlamento de Andalucía".

De este modo, el pleno que tendrá lugar a las 11.30 horas en primera convocatoria, y si no hubiera quórum de constitución, a las 12.00 horas en segunda convocatoria, mediante sesión presencial en el Museo del Vino de Almonte.

El pleno se celebrará después de que la Comisión Europea emitiera una carta en la que da un ultimátum a España para que ponga en marcha las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que obliga a proteger el humedal de Doñana, antes de denunciar de nuevo el caso ante el TJUE para pedir una multa por su incumplimiento reiterado.

En esta misiva, la directora de Medio Ambiente de la Comisión alude a la proposición de ley registrada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz para la regularización de cultivos de regadío ilegales en Doñana y da un plazo de un mes a las autoridades españolas para explicar "cómo se han cerciorado de que el plan de mejora del regadío no producirá efectos perjudiciales para la integridad de los espacios protegidos".

Por su parte, agricultores de frutos rojos de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado se concentraron el pasado 29 de marzo en Rociana del Condado para apoyar esta PDL que consideran que "busca hacer justicia y reparar el daño causado a sus familias" y esperan conseguir el apoyo del resto de grupos".

La plataforma considera que la PDL "es una herramienta para resarcir, solucionar y revertir el daño causado cientos de familias de agricultores" con un texto en el que "no se toca el espacio natural, ni es ampliación de regadíos; no se toca el acuífero, ni significa amnistía" y aseguran que "se sustituirá, como se está haciendo en otras zonas, el agua subterránea por superficial, que llegará cuando sea posible, cuando se desarrolle por parte del Gobierno la ley del trasvase aprobada en 2018, declarada de Interés General, y estén los recursos, pero no antes".

Con esta PDL, según señalaron PP y Vox cuando la presentaron el pasado 3 de marzo, se pretende impulsar que terrenos que eran de regadío antes del Plan de Ordenación de 2014 sean considerados como tales dentro de las zonas B y C, zonas de una menor protección ambiental y que en 2014 se describieron, respectivamente, como "los espacios agrícolas intersticiales de la zona A" y "los terrenos no incluidos en las zonas anteriores".

La precisión que ahora hacen con respecto a la impulsada en enero de 2022 es apuntar que "estos terrenos podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente".

Se invoca en el texto la previsión contenida en la Ley 10/2018 sobre la transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que prevé ese trasvase para "garantizar el abastecimiento de los municipios del Condado de Huelva, mejorar la garantía del riego, la recuperación de los acuíferos de la zona y el equilibrio hídrico del entorno y especialmente del Parque de Nacional de Doñana".

Debate en el Parlamento

El pleno del Parlamento andaluz debatirá el próximo miércoles la toma en consideración de la proposición de ley de PP y Vox para regular los suelos que den derecho a agua de superficie en el entorno de Doñana, un texto que tiene garantizado seguir con su tramitación por la mayoría de los populares.

No será la única iniciativa sobre Doñana que irá al pleno convocado para los próximos días 12 y 13 de abril, ya que se debatirá una proposición no de ley del PSOE en la que, entre otros asuntos, se pide una comisión bilateral entre el Gobierno y la Junta para analizar de manera conjunta los asuntos que afecten a Doñana, incluida la ejecución de obras hídricas.

El PSOE, que cree que la propuesta del PP y Vox incurre en varias "ilegalidades", también reclama que se cumpla el Plan Especial de la Corona Norte de Doñana -aprobado por un gobierno socialista en 2014- y que si hay una modificación o cambio del mismo se haga con informe previo de la comisión de seguimiento y con un dictamen del Consejo de Participación, de lo que se deberá dar cuenta a Europa.