El Gobierno ha rechazado costear la indemnización a la mujer y los hijos del agente José Manuel Arcos, un guardia civil asesinado en Granada en acto de servicio, después de que el condenado por su muerte se declarara insolvente.

El Ministerio de Interior ha emitido una resolución contraria al expediente administrativo iniciado por la viuda de Arcos, que actúa representada por el letrado Javier López García de la Serrana, director del bufete jurídico HispaColex.

López García ha explicado a EFE que la familia ha formalizado ya un recurso ante la sala de los Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE, contra la desestimación de la petición al Ministerio de Interior de asumir la indemnización por la muerte del agente.

La Sección Primera de la Audiencia de Granada, encargada de juzgar el asesinato del agente, fijo una indemnización de 334.000 euros para el acusado de matar al guardia, aunque el condenado se ha declarado insolvente.

Según ha adelantado el periódico Ideal de Granada, el Ministerio de Interior ha rechazado hacerse cargo de la indemnización fijada en más de 159.000 euros para la viuda del agente y en más de 85.000 y 89.000 para su hija y su hijo.

La causa se remonta a la madrugada del 15 de octubre de 2018 cuando la víctima prestaba servicio junto a una compañera del puesto de La Zubia.

Los dos estaban de servicio, con sus armas reglamentarias, uniformados y a bordo del vehículo oficial ubicado en una rotonda de Huétor Vega por la que, sobre las 4.00 de la madrugada, pasó el condenado, que circulaba en un coche robado, realizó una maniobra sospechosa y provocó que los agentes decidieran seguirle y activar las luces policiales.

Después de la persecución y de un forcejeo, el acusado cogió el arma del agente, le disparó entre el abdomen y la ingle y le provocó lesiones por las que murió poco después.

El letrado de la viuda del agente Arcos ha confiado en que la Audiencia Nacional sí atienda las reclamaciones de la viuda y los hijos del agente asesinado porque existe además jurisprudencia que avala sus pretensiones.