Jóvenes muertas, peticiones baldías

Han pasado casi nueve años desde que tuvo lugar el asesinato de Clara García Casado en San Fernando y sus asesinas, Iria y Raquel, están ya gozando de plena libertad tras cumplir la pena impuesta a través de la Ley del Menor. Es lo lógico en un estado de derecho por mucho que duela a los familiares de las víctimas que siempre tendrán esa sensación de indefensión aunque en su fuero interno comprendan que las leyes no siempre se adaptan a la realidad y que es la realidad la que adapta las leyes, pero no de la noche a la mañana. Ahora es el asesinato de la joven Marta del Castillo, de Sevilla, como antes lo fue el de la niña Mari Luz, de Huelva, y todos con un denominador común: ante acontecimientos de este tipo la gente sale a la calle a pedir un endurecimiento de las penas. La obviedad es que nunca se cumplen las peticiones realizadas desde la visceralidad. Si así fuera, la fortaleza del estado de derecho sí que estaría francamente en entredicho. Y eso sería más grave.