Más de 550 personas están siendo investigadas en una macrocausa en el Juzgado de Vélez-Málaga número 3 en un entramado dedicado presuntamente al fraude fiscal, falsedad documental y blanqueo de capitales en la compraventa de frutas subtropicales con la comarca malagueña de la Axarquía.
Durante una operación conjunta de la Policía y la Guardia Civil se detuvo a 82 personas por su presunta implicación en los hechos, entre ellas un empresario de 69 años, propietario y administrador único de una empresa líder en el mercado de fruta subtropical a nivel europeo, y un director de una sucursal bancaria en Vélez-Málaga.
Ninguna de las personas que fueron detenidas está en prisión y solo el dueño de la empresa líder en el mercado de fruta subtropical tuvo que abonar una fianza para quedar en libertad, según han informado a EFE fuentes judiciales.
La macrocausa es muy compleja y la Policía tuvo que realizar la investigación en dos fases, en una operación que se desarrolló en las localidades malagueñas de Alhaurín de la Torre, Benalmádena, Benamocarra, Málaga, Rincón de la Victoria y Veléz-Málaga, por lo que el juzgado actualmente está citando a las personas poco a poco debido a la complejidad y la falta de personal que tienen.
Los delitos que se siguen investigando en este procedimiento, siempre según las fuentes fudiciales, son grupo criminal, falsedad documental, fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Falta de personal
La investigación se inició en 2021 cuando los agentes detectaron que, por parte de intermediarios en el comercio de frutas de la Axarquía, estaban facturando la venta de grandes cantidades de fruta subtropical de procedencia desconocida a empresas del sector.
Pese al tiempo transcurrido a la intrucción le queda bastante debido, entre otras causas, a que el juzgado está sin funcionarios para esta causa, en junio se fueron tres y a día de hoy sólo se ha cubierto una de las plazas.
Faltan otros dos trabajadores, entre ellos el funcionario que se había asignado para la tramitación de la macrocausa por lo que se ha pedido a la Junta de Andalucía más personal, aunque hasta el momento no se ha resuelto.
Investigación policial
Según las pesquisas policiales, la trama, formada por multitud de personas físicas y jurídicas, se dedicaba presuntamente a defraudar sistemáticamente a la Hacienda Pública con una red de facturación falsa, constituida en torno a supuestos gastos incurridos por una empresa malagueña, líder del mercado de fruta subtropical a nivel europeo.
Según la investigación, el "modus operandi" consistía, fundamentalmente, en generar compras ficticias por las que se abonaban cuotas de IVA indebidas, con el consiguiente fraude a la Hacienda Pública en diferentes tributos y ejercicios fiscales.
La investigación se inició cuando los agentes detectaron que, por parte de intermediarios en el comercio de frutas de la Axarquía, estaban facturando la venta de grandes cantidades de fruta subtropical de procedencia desconocida a empresas del sector.
Así, entre febrero y marzo de 2021, se llevó a cabo la primera fase operativa que condujo a la detención de 55 personas y la práctica de ocho registros domiciliarios, que trajo como resultado la intervención de 770.585 euros en efectivo, el bloqueo de cuentas bancarias con un saldo de 360.403,69 euros, el embargo de un gran número de bienes muebles e inmuebles y la intervención de un importante volumen de documentación física y digital.
Desde ese momento el análisis documental permitió hallar indicios de la presunta implicación tanto del propietario de la empresa líder del mercado de fruta subtropical como de varios trabajadores.
Ese análisis fundamentó una segunda fase, que se produjo en 2022, en la que se actuó contra la dirección de la organización y la red de transportistas emisores de facturación falsa.
En esta segunda fase se practicaron una veintena de registros, incluido el efectuado en la sede social de la compañía líder en venta de frutas subtropicales, así como la detención de veintisiete personas y la intervención de 991.855 euros en efectivo y cinco coches de alta gama.
Asimismo, se bloquearon productos financieros de los investigados y las mercantiles controladas por la red por valor de un millón y medio de euros, y se ejecutó el embargo preventivo de más de un centenar de bienes muebles e inmuebles, valorados en trece millones de euros.
