El Tribunal que ha enjuiciado el macrojuicio del caso Astapa contra la corrupción política-urbanística en Estepona (Málaga) prevé hacer pública la sentencia el próximo 8 de noviembre, según se ha conocido este lunes en la sesión en la que los acusados han ejercido su derecho constitucional a la última palabra.
Así lo ha comunicado el magistrado presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, Andrés Rodero, quien ha lamentado no poder emitir antes la sentencia en la que se juzgan unos hechos presuntamente delictivos que ocurrieron hace veinte años ni tampoco poder adelantar las posibles absoluciones.
El juicio está previsto que quede visto para sentencia esta semana, cuando se localice a un acusado, el último que está pendiente de ejercer su derecho a la última palabra o renunciar a la misma.
La Sala había citado este lunes a los 37 procesados, entre ellos el exalcalde de Estepona Antonio Barrientos, para que pudieran ejercer su derecho de última palabra, unos lo han ejercido y otros no, aunque la mayoría ha dado las gracias a los magistrados.
Barrientos ha agradecido al Tribunal la gestión del procedimiento y el trato recibido y ha explicado que han sido 16 años muy duros y muy largos. "Aquí se ha hablado por otros acusados de la pena de banquillo, del sufrimiento causado y creo que en mi caso, por razones obvias, con el cargo que desempeñaba, se ha multiplicado exponencialmente", ha indicado.
El exalcalde ha dicho haber podido "resistir" este "duro" y "largo" proceso por varios motivos, "en primer lugar por mi convicción de que siempre actué en defensa de lo público" y también por el apoyo de su familia, especialmente de su mujer, "ya que sin su apoyo probablemente no estaría aquí".
En declaraciones a los periodistas a la salida de los juzgados, Barrientos ha esperado que "se haga justicia" y ha dicho sentirse "muy satisfecho de que haya terminado ya este auténtico calvario por el que hemos pasado; 16 años que no se los deseo a nadie", reiterando que fue "un alcalde honesto, decente, íntegro y que siempre actuó en defensa de lo público".
El hermano pobre del caso Malaya
Al caso Astapa siempre se le ha considerado el "hermano pobre" del caso Malaya y su instrucción y la celebración del juicio no ha estado exento de polémica, entre ellas, por las dilaciones que ha sufrido y por la posible intervención del excomisario José Manuel Villarejo.
Las defensas siempre han mantenido la teoría de la supuesta vinculación del excomisario con el inicio de la causa y su presunta manipulación para crear un procedimiento ficticio y de manera interesada para velar por sus intereses urbanísticos en el municipio sin control judicial.
La fase de juicio ha durado año y medio, con un promedio de tres sesiones semanales, lo que ya se hizo también en el caso Malaya, y ha representado un enorme esfuerzo para el Tribunal, la Fiscalía y las defensas.
Acusación fiscal
Anticorrupción mantiene que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona (PES) crearon una caja B en el consistorio y aumentaron el gasto público, para beneficio propio o de los partidos.
Para el ministerio público dicha caja B se nutría de aportaciones económicas de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios, a través de donaciones o patrocinios de actividades, con el fin de "eludir controles"; y por supuestas irregularidades en los convenios y aprovechamientos urbanísticos para "beneficiar a ciertos empresarios".
El fiscal afirma que los cargos públicos podían disponer de esos fondos y los empresarios con sus aportaciones se ganaban la confianza y obtenían el cauce idóneo para obtener beneficios y justificar pagos y ha precisado que aunque no duda de que las aportaciones de los empresarios fueron voluntarias hay pruebas que llevan a descartar la espontaniedad de las mismas.
Se produjeron delitos de malversación, fraude y cohecho y se infringieron principios fundamentales y de legalidad para obtener unos beneficios propios o para terceros, según el fiscal.
