La defensa del exalcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos, ha denunciado durante su informe final en el caso Astapa, contra la corrupción político-urbanística en Estepona (Málaga), irregularidades policiales y la intervención del excomisario José Manuel Villarejo en el procedimiento.
La abogada, María Gutiérrez, ha comenzado este martes en la Audiencia Provincial de Málaga su informe final y ha mantenido la teoría de la supuesta vinculación del excomisario con el inicio de la causa y su presunta manipulación para crear un procedimiento ficticio y de manera interesada para velar por sus intereses urbanísticos en el municipio sin control judicial.
Para la defensa la prueba desarrollada en el juicio ha corroborado el papel que tuvo Villarejo en el inicio de esta causa y ha incidido en que las agendas y las conversaciones de este, validadas en otra causa y que fueron reproducidas en el juicio, dejan claro los contactos con los denunciantes, remitiéndose a esas escuchas en las que él decía que controlaba el ámbito político y el policial.
Villarejo, que declaró en el juicio a instancia de los abogados defensores, negó haber influido en el procedimiento y aseguró que el caso Astapa tuvo una base para la actuación policial y jurídica.
Gutiérrez ha insistido en que hubo una instrucción policial sin la intervención judicial correspondiente y que una vez que el caso ya se judicializó y se declaró secreto el denunciante, el concejal socialista David Valadez, continuó teniendo conversaciones y contacto con los agentes.
Debido a ello, la defensa ha denunciado que no se ha realizado un proceso con todas las garantías y se han eludido controles esenciales.
Ha mantenido que después de toda la prueba practicada no se puede sustentar la acusación, porque a su entender solo hay indicios basados en escuchas telefónicas, escuchas que ya fueron anuladas por el tribunal, ha recordado la abogada.
Durante su alegato, la letrada ha pedido que también se anulen los registros practicados ya que se basaron en las escuchas telefónicas y ha resaltado que en este procedimiento se ha vulnerado derechos fundamentales.
Barrientos se enfrenta a una petición de dos años de prisión y nueve años y tres meses de inhabilitación por un delito continuado de falsedad, fraude y malversación, y otros dos continuados de cohecho y malversación.
El fiscal ha necesitado cinco días para exponer su alegato final y ha mantenido la acusación para 37 personas, entre ellas Barrientos, así como exresponsables municipales del PSOE y del Partido de Estepona (PES); empresarios y funcionarios, por delitos de cohecho, malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales.
