La derogación del delito de sedición y la rebaja de penas por malversación dieron el pistoletazo de salida a un 2023 de alto voltaje judicial, que se despide con una propuesta de ley de amnistía para el procés abriéndose camino entre las críticas de buena parte de la judicatura y su rechazo frontal a las acusaciones de 'lawfare'.
El enfrentamiento entre un amplio sector de la judicatura y varios socios o aliados del PSOE en el Gobierno ha subido un nuevo escalón esta semana con la reacción de los presidentes del Poder Judicial y del Supremo a las acusaciones de la diputada de Junts Miriam Nogueras.
Ella, en sede parlamentaria, señaló a varios jueces implicados en el procés como Manuel Marchena o Pablo Llarena, además de al expresidente del Supremo Carlos Lesmes; los tachó de "indecentes" y planteó que deberían ser juzgados. Como la propia Nogueras recordó, nada muy distinto a lo que ha defendido en los últimos años.
Pero a diferencia de otras ocasiones, en esta, tanto el CGPJ como el Supremo, han reaccionado airados. El presidente del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, ha prometido medidas ante ese ataque y el del Supremo, Francisco Marín, ha llegado a desconvocar una reunión con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el encargado precisamente de retejer la deteriorada relación.
Una historia de desencuentros
Las disputas, aunque cada vez son más airadas, no son nuevas. Las reformas penales impulsadas en 2022 por los socios de coalición se toparon enseguida con la interpretación de los tribunales encargados de aplicarlas.
La más sonada fue la ley del sólo sí es sí, en la que el Tribunal Supremo acabó avalando las rebajas de penas en contra del criterio de la Fiscalía.
El goteo diario de reducciones de condenas a agresores sexuales al aplicar la nueva norma -que disminuyó algunas penas mínimas- estuvo durante meses en el centro de la polémica y motivó que el PSOE impulsase la reforma de una de las leyes estrella de su socio de Gobierno y de la exministra de Igualdad Irene Montero.
De nada sirvió a Montero ni a la entonces ministra Ione Belarra que señalasen sin ambages a los jueces "machistas" y a la justicia "patriarcal" como responsables de esas rebajas de penas o excarcelaciones.
Otra iniciativa que se granjeó no pocas críticas en la esfera judicial fue la que convirtió el delito de sedición -por el que fueron condenados los líderes del "procés"- en desórdenes públicos agravados y rebajó penas de malversación.
Tras esta norma, el expresident Carles Puigdemont, huido desde 2017, pasó a estar procesado por desobediencia y malversación agravada y, aunque poco cambió la situación de Oriol Junqueras, cuya inhabilitación siguió en 13 años, otros líderes como Jordi Sànchez o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell la vieron extinguida.
También ha habido desencuentros a cuenta de diversos nombramientos, como el de Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado, o el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal, ambos anulados por el Supremo.
O el de Álvaro García Ortiz, que aunque revalida como fiscal general, por primera vez no ha recibido el aval del CGPJ por un voto de diferencia, entre críticas de parte de la carrera por ascender a Delgado y no pronunciarse sobre el "lawfare".
La amnistía y el "lawfare", la última polémica del procés
En los últimos años, no es raro que una norma promovida por el Gobierno llegue al Tribunal Constitucional de la mano de la oposición, pero si hay una ley que, sin haber nacido, se sabe que acabará en la corte de garantías e incluso en Europa, esa es la de amnistía.
Pero al margen de los recursos, la proposición para borrar las responsabilidades derivadas del procés no sólo se ha traducido en críticas políticas hacia el PSOE por beneficiar a los partidos independentistas a cambio de la investidura, sino también del mundo judicial.
Y no sólo por la propia amnistía, en la que la mayoría conservadora del CGPJ vio una "medida de abolición del Estado de Derecho", sino también por las alusiones al "lawfare" o judicialización de la política en el acuerdo entre PSOE y Junts, que provocaron un rechazo frontal de la carrera judicial y fiscal, al considerar que suponía la "quiebra de la separación de poderes".
La propuesta de ley de amnistía, que abre la puerta al regreso sin represalias de Puigdemont tras seis años huido, coincidió con el impulso del caso Tsunami Democràtic -sobre los disturbios en contra de la sentencia del procés-, que el juez Manuel García Castellón dirigió contra el expresident y que está en manos del Supremo.
La batalla del CGPJ: cinco años de fracaso
Uno de los principales actores involucrados en esta compleja situación es el CGPJ, que debería haberse renovado hace cinco años. Ni los continuos toques de atención de la Comisión Europea han propiciado el acuerdo entre el PSOE y el PP para cumplir ese mandato constitucional, algo que los socialistas ven como una clara estrategia de los populares para no perder su mayoría en el órgano de gobierno de los jueces.
En ese contexto se han producido decisiones sin precedentes, como una declaración previa contra la ley de amnistía antes de que se hubiese presentado o la declaración de "no idóneo" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que hace un año recibió el aval del mismo órgano.
Ante un horizonte en el que no se vislumbra un acuerdo cercano, el propio presidente del CGPJ ha planteado una nueva reforma legal para limitar aún más las funciones de ese órgano, que ha tenido dos presidentes suplentes, mientras se siguen acumulando las sillas vacías en la cúpula judicial: 23 vacantes cuenta ya el Tribunal Supremo.
Un nuevo TC echa andar entre reproches de politización
Tras años de mayoría conservadora, el nuevo TC cambió el equilibrio de fuerzas en favor de los progresistas (siete a cuatro), algo que se ha traducido en la práctica en una división del tribunal en numerosas sentencias y que ha motivado las críticas de la oposición, agravadas por la elección de Cándido Conde Pumpido, ex fiscal general del Estado, como presidente.
Durante este año, inusualmente activo, el TC ha avalado buena parte de la agenda social del Gobierno -la eutanasia, la ley Celáa, el impuesto a las grandes fortunas, la ley rider-, pero también ha desempolvado normas hasta ahora aparcadas, como la del aborto de 2010.
Comenzará 2024 revisando el bloqueo del CGPJ a propuesta de seis de los candidatos que se quedaron colgados hace cinco años y es de prever que antes de que termine tenga que pronunciarse sobre la ley de amnistía.
