Los indultos aprobados este martes por el Consejo de Ministros fijan un periodo de seguridad de entre 3 y seis años que condiciona el perdón obtenido por los nueve condenados por el 'procés' independentista en Cataluña a que no vuelvan a cometer delitos graves. El periodo más alto, de 6 años, se impone al ex vicepresident Oriol Junqueras, los ex consejeros Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull; seguidos de los líderes sociales Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, quienes no podrán volver a reincidir en cinco años si no quieren ver invalidada su medida de gracia.
Tras estos periodos están los que se imponen al ex consejero Raül Romeva y la expresidenta el Parlament Carmen Forcadell, que se establece en 4 años, mientras que en el caso de Dolors Bassa ese periodo se fija en 3 años, el más bajo según han señalado fuentes del Ejecutivo.
Los expedientes aprobados suponen la extinción total las penas de prisión que les resta por cumplir a los nueve condenados por sedición y malversación en el 'procés' independentista en Cataluña -se ha perdonado por años, no por delitos- por lo que la previsión del Gobierno pasa porque su decisión pueda ser ya aplicada este mismo miércoles por el Tribunal Supremo, tras la publicación de los decretos de indulto en BOE.
Sobre la diferencia de los periodos de seguridad aplicados a cada preso, las mismas fuentes señalan que responde a "una individualización" de los perdones concedidos y a que no todos los condenados tienen el mismo comportamiento, pues algunos han exteriorizado su "contumacia" en la vía unilateral, así como la participación activa en el debate político. De este modo, el Ejecutivo justifica que ha estudiado cada caso de forma individual.
El Gobierno ha estimado un total de nueve de las doce peticiones de indulto mientras que se han rechazado las de los tres condenados por desobediencia, Meritxell Borrás, Santi Vila y Carles Mundó, quienes ya pagaron las multas que se les impusieron y extinguieron su responsabilidad penal, al finalizar las penas de inhabilitación que les fueron impuestas.
Las inhabilitaciones de cargo público que se impusieron al resto de condenados, entre ellos el exvicepresident Oriol Junqueras, no se toca en la medida de gracia aprobada por el Gobierno, por lo que los líderes perdonados no podrán optar a ocupar cargos públicos hasta la fecha en la que hubieran distinguido su condena de no haber sido indultados.
En cuanto a las motivaciones, se incide en uno de los tres aspectos contemplados en la Ley de Indulto, el de la utilidad pública, rechazando razones de justicia y equidad.
En este sentido, se ha valorado escenario en Cataluña si no se concediera el perdón y se concluye que la medida de gracia supone beneficios porque ayuda a restablecer las relaciones políticas y también "afectivas" con Cataluña.
