La Mesa del Parlament ha pospuesto este martes la decisión de admitir o no a trámite la moción de la CUP que insta al Govern a aplicar la resolución independentista aprobada el 9 de noviembre de 2015 que fue anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional (TC).

   Según fuentes parlamentarias, la Mesa acostumbra a admitir a trámite todas las mociones que surgen de una interpelación parlamentaria, teniendo en cuenta que "es algo ordinario en la actividad" de la Cámara, pero no ha sido así con la moción de la CUP, cuyo contenido tensa la relación con JxSí.

   Desde JxSí se han dado dos argumentos para defender que se haya pospuesto la admisión a trámite: porque faltaba el representante de SíQueEsPot en la Mesa, Joan Josep Nuet, y porque "todavía hay margen hasta la semana que viene para hacerlo".

   Sin embargo, otras fuentes del grupo parlamentario soberanista consultadas por Europa Press admiten que no hay unanimidad sobre qué hacer con la moción, aunque aseguran que hay una amplia mayoría partidaria de tramitarla y votarla en el pleno.

   JxSí tiene mayoría absoluta en la Mesa, por lo que las decisiones dependen exclusivamente de él, y en el pasado ha tramitado otras iniciativas que ofrecían dudas sobre su adecuación a la Constitución, como las tres ponencias de ley soberanistas.

   Este lunes no hubo reunión de la dirección del grupo, pero sí contactos entre varios de sus miembros para abordar qué hacían con el trámite de esta moción, y al no llegar a un consenso, se ha aplazado la decisión para la semana que viene.

PRÓXIMO MARTES

   Será en la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces del próximo martes cuando se decida si se admite o no a trámite la moción de la CUP para que pueda ser votada en el próximo pleno del Parlament.

   Fuentes de C's han indicado que la decisión se ha pospuesto "a petición de los miembros de JxSí", algo que la coalición independentista ha descartado explicando que el tema ni si quiera se ha abordado porque todavía queda tiempo para hacerlo.

   La intención de la CUP con su moción es clara: "Instar al Govern a que elabore y presente a este Parlament en un máximo de treinta días un plan de ejecución de todos y cada uno de los anexos de la declaración 1/XI".

   Otro de los puntos destacables de la moción es que el Parlament reitere la vigencia y el contenido de la resolución --aunque el Alto Tribunal fallara en contra--, e insta al Govern a "no atender el contenido de la sentencia" del TC.

   La resolución fue aprobada por el Parlament con los votos de JxSí y la CUP en el segundo pleno de la legislatura y su contenido defendía, entre otras cuestiones, la legitimidad de la Cámara para impulsar un "proceso de desconexión democrática del Estado español".

   Una de las partes más controvertidas de la resolución fue la que recogía críticas dirigidas al Alto Tribunal, al que definía como un tribunal falto de legitimidad y de competencia sobre Catalunya a raíz de la sentencia en la que falló contra parte del Estatut.

   Más allá de las declaración de voluntad de convertir a Catalunya en una república independiente, JxSí y la CUP incluyeron varios anexos al texto de la resolución en los que se recogía medidas concretas contra la pobreza energética y a favor de la educación, la sanidad o de un plan de choque social.

   Con la moción registrada en la Cámara catalana, la CUP busca que el Govern concrete un plan de ejecución de todos estos anexos para que se apliquen estas medidas sociales al margen de que el TC haya dictaminado en contra del conjunto de la resolución.

RELATIVO "VÉRTIGO"

   El origen de la moción es una interpelación de la CUP al Govern en la que la portavoz del Ejecutivo, Neus Munté, admitió que en la ruta hacia la independencia se siente un relativo vértigo, pero afirmó que la Generalitat no recularía en este proyecto: "No nos temblarán las piernas".

   El diputado de la CUP Joan Garriga 'Nana' reclamó a la portavoz señales de que el Govern va en serio, como aplicar la citada resolución: "Nos tenemos que creer que este Parlament es soberano y que puede iniciar las leyes políticas que repercuten en el día a día de la gente", sostuvo.

AUDIENCIA NACIONAL Y MOSSOS

   La moción de la CUP, sujeta a cambios si se abre a negociarla con JxSí, también insta al Govern a "desatender los requerimientos de la Audiencia Nacional relativos al proceso de desconexión democrática del Estado español" y, por lo tanto, que los Mossos d'Esquadra no los ejecute como policía judicial.

   Si se aprueba la iniciativa, el Parlament también mostrará su "máximo apoyo a todos los ayuntamientos hoy investigados y criminalizados" por haber impulsado mociones de apoyo a la resolución del 9N, y alentará a los cargos electos a seguir desatendiendo las peticiones de las instituciones del Estado.

PRESUPUESTOS

   La moción también pide al Ejecutivo que lidera Carles Puigdemont que elabore en un máximo de 30 días "un plan de actuación relativo a la fase preconstituyente del proceso constituyente" hacia la independencia de Catalunya.

   La CUP y el Govern aún tienen pendiente la negociación presupuestaria y, pese a esto, la moción recoge que las cuentas que la Generalitat presente al Parlament deberán incluir una partida presupuestaria para "financiar la mencionada fase preconstituyente".