El que era responsable del área de Seguridad y Movilidad en el Ayuntamiento de Santiago, Luis García Bello, y quien llevaba Régimen Interior y Personal, Amelia González, también han solicitado su baja en el PPdeG, al igual que ya había hecho María Castelao. Estos abandonos de militancia en las filas 'populares' se producen tras la condena, junto con otros cuatro compañeros de corporación, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación, lo que provocó que todos ellos renunciasen a sus actas como concejales.
Fuentes del PPdeG han confirmado a Europa Press que el partido ha recibido la solicitud de baja voluntaria tanto de Luis García Bello como de Amelia González. Junto a ellos y a la que era responsable del área de Servicios Sociales, María Castelao, también fueron condenados María Pardo, que era teniente de alcalde, delegada de Urbanismo y portavoz de la Junta de Gobierno Local; Cecilia Sierra, que era edil de Hacienda; Francisco Noya, de Participación Ciudadana y Fiestas; y Juan de la Fuente, de Vías y Obras.
Tras la condena y sus dimisiones, el martes comparecieron ante los medios todos los ediles excepto, precisamente, María Castelao y Luis García Bello. En esa comparecencia pública, el resto de los condenados por haber aprobado que el Ayuntamiento compostelano sufragase la defensa de otro compañero imputado en la Pokémon se limitaron a decir que "se aplicarán los estatutos en sus términos exactos", cuando fueron preguntados si dejarían la militancia en el PPdeG.
Al respecto, fuentes del PPdeG han indicado que los estatutos del partido habilitan la posibilidad de que no se adopte una decisión sobre la militancia de los ediles dimisionarios que fueron condenados hasta que la sentencia sea firme. Ellos ya aseguraron que dimitían como concejales "por imperativo legal", pero que recurrirán la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago.
DECISIÓN DEFINITIVA
El secretario general del PPdeG, Alfonso Rueda, declaró el martes que "mientras la sentencia no sea firme no se tomará ninguna decisión definitiva". No obstante, añadió que "esta misma semana" se reunirá el Comité de Derechos y Garantías para "tomar una decisión sobre si procede o no una suspensión de militancia" o "si se espera a la sentencia firme".
En concreto, el PPdeG prevé en sus estatutos abrir un expediente informativo contra cargos con imputaciones judiciales, que se transforma en disciplinario en el caso de que se produzca señalamiento de juicio oral y se resuelve cuando finaliza el procedimiento judicial con la correspondiente sentencia.
Así, a principios de mayo, el PPdeG transformó el expediente informativo que se les había abierto en disciplinario, toda vez que la Audiencia Provincial de A Coruña desestimó el recurso contra la decisión judicial de ordenar la apertura de juicio oral y tuvieron que sentarse en el banquillo el 19 de mayo. En los estatutos de los 'populares', el expediente disciplinario incluye el matiz de que la resolución final tendrá lugar cuando se dicte sentencia o, en su caso, haya un sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial.
CADENA DE DIMISIONES
Además de las dimisiones de los siete condenados por prevaricación, también presentó su renuncia el edil al cual se le había acordado pagar la defensa, Adrián Varela, quien está imputado en la Operación Pokémon, al igual que Rebeca Domínguez, que también abandonó su acta como concejala. En esta misma causa judicial contra la corrupción está siendo investigada Paula Prado, que también ha presentado su dimisión como portavoz del PPdeG, pero seguirá como diputada autonómica.
No obstante, en la 'Operación Pokémon' también está imputado el propio alcalde de Santiago, Ángel Currás, además de en otra causa por la denuncia por supuesto acoso de un policía local. Debido a las nueve dimisiones en el grupo municipal del PP de Santiago, el regidor y su número dos, Reyes Leis, han tenido que concentrar las competencias de todas la áreas de gestión que quedaron vacantes. Junto a ellos dos sólo quedan en el Consistorio compostelano otros dos ediles.
