El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, con el voto del PP y el apoyo del diputado de UPN, la proposición de ley que introduce nuevos límites al principio de justicia universal y que conduce a un pronto archivo a una docena de causas abiertas en la Audiencia Nacional.
El Pleno de la Cámara Baja ha dado luz verde, con 178 votos a favor y 136 en contra, a la iniciativa presentada por el Partido Popular para su inmediata remisión al Senado. La mayoría absoluta del Partido Popular ha servido para tumbar la treintena de enmiendas al articulado y las tres enmiendas de totalidad presentadas por el PSOE, UPyD y ERC.
Los 'populares' impusieron una tramitación de urgencia y en lectura única a su proposición de ley, lo que ha hecho posible que en apenas dos debates (la toma en consideración y la aprobación) el texto se remita a la Cámara Alta con la vista puesta en su aprobación en el plazo más corto previsto.
DÍA TRISTE PARA LA JUSTICIA
La celeridad y el fondo de su iniciativa ha sido criticado por la práctica totalidad de la oposición, asociaciones judiciales y, ayer mismo, la Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional. La "vergüenza" y la coincidencia en que "hoy es un día triste para la Justicia", que queda "ciega, muda y sorda", ha sido una constante en las intervenciones de los distintos portavoces.
Para la oposición, "muchos inocentes, como el cámara José Couso o el jesuíta Ignacio Ellacuría, se revuelven hoy en sus tumbas, mientras que los criminales suspirarán aliviados" porque ha ganado "el dinero" y los intereses de potencias extranjeras, como China, sobre las víctimas y los derechos humanos.
En la tribuna, el portavoz de Justicia del PP, José Miguel Castillo Calvín, ha respondido al dramatismo de sus intervenciones lanzando el mensaje a la oposición de que las víctimas no han visto cumplidas sus expectativas durante estos años. "Con nuestra proposición se instruirá todo aquello que se pueda juzgar. Esa es nuestra propuesta con realismo y sentido común, sin demagogia ni cuentos chinos", ha remachado.
Para este segundo debate, el PP trajo varias enmiendas que mejoran su texto para reforzar la lucha contra la delincuencia sexual infantil, la piratería en alta mar o la criminalidad organizada. Además, ha defendido la tramitación en lectura única, recordando que el PSOE recurrió a esta vía en "docenas" de ocasiones y también omitió informar a los órganos consultivos en la reforma de la justicia universal de 2009.
Sin embargo, el "sumarísimo" proceder ha suscitado la crítica de los demás grupos, que han retado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, --que asistía al debate desde el 'banco azul'-- a tener el "valor" de pedir los informes preceptivos a los órganos consultivos. "El Gobierno ha utilizado al Grupo Popular y este se ha ofrecido gustosamente a ser su alfombra", ha dicho la diputada de UPyD Irene Lozano.
Los portavoces han atribuido esta iniciativa a la "debilidad gubernamental" y al "chantaje" de potencias, como China, mientras que han coincidido en que los nuevos requisitos son de "imposible" cumplimiento, lo que conduce a la práctica derogación de la jurisdicción universal.
Varios grupos han considerado que la aplicación retroactiva de la norma roza la inconstitucionalidad. Este carácter supondrá el archivo indiscriminado de una docena de causas abiertas en la Audiencia Nacional, como las de José Couso, Ignacio Ellacuría o el genocidio en el Tibet, como ha advertido la Junta de Fiscales de este tribunal.
ENMIENDAS DEL PP
Los 'populares' han mejorado la redacción en lo que se refiere a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional para extender la persecución de los tribunales españoles sobre los grupos criminales extranjeros que tengan la intención de cometer delitos especialmente graves en España.
El PP impulsa en sus enmiendas la actuación de los jueces españoles en casos de abordaje en alta mar de buques que no lleven pabellón español, mientras que sugiere extender su competencia para juzgar a todos los responsables de cometer abusos sexuales en el extranjero sobre menores españoles o que residan habitualmente en nuestro país.
Incluye además los supuestos en que se beneficie una persona jurídica domiciliada en España, sin exigir que su responsable se encuentre en territorio nacional. El PP incorpora los criterios de extensión de la jurisdicción previstos en el Convenio del Consejo de Europa, de 28 de octubre de 2011, sobre falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pública.
