Gerardo Conde Roa (Padrón, 1959) ha hecho oficial, coincidiendo con la publicación del auto que confirma su imputación formal por un supuesto delito de fraude fiscal, presentará su dimisión como alcalde de Santiago de Compostela, un cargo que asumió el 1 de julio del año pasado. "Esta ciudad vale lo que no está escrito y no merece un alcalde que está en la situación que yo estoy", ha proclamado.

En una concurrida rueda de prensa convocada después de que ayer se reuniese de urgencia con el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, y con sus concejales para abordar su futuro político, Conde Roa ha atribuido este lunes su dimisión a que es "lo mejor" para su familia y para su partido.

"El PP es mi casa y el partido al que deseo servir con absoluta lealtad y hay que decirlo, también lo he servido con cierto éxito en los últimos tiempos", ha reivindicado quien, en las municipales de mayo de 2011, conquistó para los 'populares' la Alcaldía de una ciudad que tradicionalmente había tenido gobiernos de izquierdas, aunque apenas ha llegado a completar los 10 meses como regidor.

El juez comunica auto de imputación del alcalde de Santiago de Compostela por presunto delito fiscal
El titular del Juzgado número 2 de Santiago, José Antonio Vázquez Taín, ha notificado esta mañana el auto de imputación formal del alcalde compostelano, Gerardo Conde Roa, por un presunto delito contra la Hacienda Pública.

El procedimiento, explica el magistrado en el auto, trata de esclarecer si existió o no una intención fraudulenta por parte del querellado, Gerardo Conde Roa, en el impago de la cantidad de 291.000 euros correspondientes al IVA del ejercicio 2010 por la venta de 61 viviendas por la sociedad Geslander, de la que el regidor era administrador único.

El juez señala que este "supuesto fáctico", la no presentación de la autoliquidación, ni abono del IVA, ha sido reconocido por el propio querellado.

Por ello, ha procedido a la imputación del regidor por concurrir en el procedimiento "indicios fácticos claros de la conducta típica investigada, e intencionales suficientemente fundados como para continuar con la práctica de diligencias de investigación".

El juez explica que la argumentación de la defensa en la inicial fase de instrucción "ha sido clara" y añade que, "salvo error de este instructor", se podría resumir en que la situación económica de Gestlander S.L.U. "hacía totalmente imposible abonar el IVA", por lo que efectuar autoliquidaciones "carecía de sentido, dado que no se iba a ingresar el impuesto".

Asimismo, reseña que la argumentación de la defensa también resalta que, como todas las ventas se hacían notarialmente, la Hacienda Pública ya era conocedora del IVA, que era, además, devengado de unas ventas que "la contabilidad de la empresa reflejaba puntualmente".

El juez sostiene, no obstante, que las investigaciones practicadas han permitido conocer "otros indicios" que concurren en este supuesto y que "excluirían la aparente sencillez fáctica pretendida".

En este sentido, el juez se refiere al "elemento intencional" y señala que "el querellado conocía perfectamente" su obligación de presentar la autoliquidación trimestral del IVA.

"Así lo reconoce, y pese a ello omite tal actuación, pero lo hace acompañando tal comportamiento de una serie de actuaciones, que es preciso comprobar, y que podrían revelar la concurrencia de esa intención defraudatoria en el comportamiento de Gerardo Conde Roa".

En el auto, el juez justifica que no hace referencia explícita a estas actuaciones "porque la defensa las conoce perfectamente y para evitar que, si se filtra el presente auto, se provoque un juicio mediático".

En esta línea, Vázquez Taín indica en los razonamientos jurídicos que el presente caso "exige un plus de corrección procedimental" dada la "trascendencia institucional" de este asunto.

Contra esta resolución cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de 3 días.

El alcalde ha convocado este mediodía una rueda de prensa en la que previsiblemente presentará su dimisión como consecuencia de este auto judicial, tras mantener ayer una reunión con el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, quien le exigió que actuara de acuerdo al código ético del Partido Popular.