Según ha indicado a Europa Press el presidente del colectivo, Ángel Naranjo, la empresa ha comunicado que se acoge al plan firmado en noviembre de 2010 con el por entonces concejal de Movilidad, el socialista Francisco Fernández, y pretende recabar la autorización del Ayuntamiento para llevar a cabo los aparcamientos adjudicados, amagando en este sentido con paralizar las obras del parking de la Plaza Rafael Salgado --en Bami, único iniciado por la empresa-- si este extremo no se confirma.
La versión de Resipark trasladada a los vecinos es que estarían en disposición de devolver el dinero de las fianzas que reclaman los afectados que ya no están interesados si el Ayuntamiento autoriza la ejecución de los aparcamientos, lo que permitiría a la empresa empezar a cobrar por las plazas vendidas.
No obstante, la pretensión trasladada a los vecinos recientemente por el delegado municipal de Movilidad, Demetrio Cabello, es únicamente la de autorizar las obras del aparcamiento de Jardines del Valle, siempre que la empresa acometa el pago de las reservas de 1.000 euros.
Ambas partes han quedado en recoger en un documento las pretensiones de la empresa para alcanzar un acuerdo con el objetivo de que, llegado el caso y si se considera oportuno, mantener una reunión.
Movilidad ya ha reafirmado a los afectados que el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), tiene la voluntad política de que se proceda a la devolución "en el momento en que se pueda hacer efectiva". De hecho, la corporación municipal se encuentra en estudio jurídico de la fórmula de ejecución de avales para proceder a la devolución, aunque se debe tener en cuenta un embargo de 800.000 euros que pesa sobre la fianza de uno de los lotes.
En el ámbito judicial, la empresa ha presentado ante el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Sevilla un escrito en relación a una de las demandas colectivas planteadas por los afectados. Dicho escrito, según han indicado a Europa Press fuentes del caso, se ha presentado en esta causa por ser la más adelantada de las tres que actualmente se dilucidan en sede judicial --lo más probable es que se repita en los otros procedimientos--, y en éste se reclama que se amplíe la responsabilidad en el caso al Ayuntamiento hispalense.
Y es que la empresa considera a la corporación municipal responsable en la medida en que otorgó autorización de obras en terrenos que no eran de titularidad pública, sino privada, argumento que ha llegado a utilizar para justificar en su momento el impago de los avales a los vecinos que así lo solicitaban. Los afectados, que ya han confirmado la interposición de una cuarta demanda colectiva, se oponen a esta petición.
