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Aprobado suprimir cualquier privilegio de pensiones para los cargos públicos

El Parlamento andaluz ha aprobado hoy impulsar una iniciativa para suprimir cualquier privilegio en materia de pensiones

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El Parlamento andaluz ha aprobado hoy impulsar una iniciativa para suprimir cualquier privilegio en materia de pensiones que pueda tener atribuido cualquier cargo público en Andalucía, como impulso a las medidas que ya se aplican para profundizar en la transparencia y calidad democrática.

Esta es una de las 103 propuestas de resolución presentadas hoy por los grupos de la Cámara -PSOE, PP e IU- durante el debate sobre el estado de la comunidad -el último de la actual legislatura- que se ha celebrado en el Parlamento andaluz, en el que se han aprobado las 35 del PSOE, tres de IU y solo una del PP.

La iniciativa sobre las pensiones de cargos públicos, aprobada por unanimidad, fue presentada por el PSOE, partido que, no obstante, rechazó una batería de propuestas del PP como la que pedía que se hicieran públicas las declaraciones de la renta de los diputados, altos cargos de la Junta y de extracción parlamentaria.

De la misma forma, el PSOE ha rechazado la propuesta del PP de que el Gobierno reforme la ley electoral para que las elecciones andaluzas sean separadas de otros comicios, y otra que reclamaba la derogación de la ley que regula el estatuto de los expresidentes de la Junta de Andalucía en el plazo máximo de 30 días.

La mayoría socialista rechazó también varias iniciativas para la "transparencia" pública como la obligatoriedad de los altos cargos de remitir la relación detallada de los gastos de representación, manutención, alojamiento, dietas e indemnizaciones diversas, así como abordar la eliminación de las cesantías de los diputados -las asignaciones económicas tras sus ceses-.

La Cámara ha aprobado una iniciativa socialista de limitar las retribuciones de los parlamentarios a las que perciben del Parlamento, el Senado o las administraciones de las que sean cargos electos, y la de creación del "escaño 110" en la Cámara para el representante de las iniciativas legislaturas populares.

Para proceder a las modificaciones legislativas y normativas que requieren estas medidas, el Parlamento ha acordado también crear un grupo de trabajo con el objetivo de alcanzar los objetivos de transparencia y calidad democrática.

La única propuesta de resolución del PP que la mayoría socialista ha aprobado ha sido la que instaba a la Junta a aprobar un Plan Andaluz de Formación Profesional que asegure un mayor reequilibrio territorial y garantice una oferta comarcal vinculada a la demanda de los sectores productivos, iniciativa similar a una que presentó también IU y que fue respaldada por la Cámara.

La Cámara ha respaldado por unanimidad otras dos de las 35 propuestas de IU: la que instaba al Gobierno a presentar un documento e revisión del Plan de Infraestructuras de Andalucía (PISTA), así como la que reclamaba la oposición al cierre de la planta de Visteon en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Entre las medidas aprobadas por unanimidad del Parlamento destacan mantener las instituciones del Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas y el Consejo Económico y Social (CES) "dentro de las posibilidades presupuestarias"; y la que insta a conseguir más representación de la Junta en la gestión el Guadalquivir.

Reclamar compensaciones para la crisis del pepino, la puesta en marcha de un plan de lucha contra el fraude fiscal y otro contra el social; y apoyo a Córdoba para continuar con el fomento de la cultura, son otras propuestas aprobadas por unanimidad.

La Cámara autonómica ha aprobado también un plan de oportunidades laborales en Andalucía, dirigido a los parados de la construcción, para obras de la red educativa; e impulsar un proyecto de ley para definir que puestos directivos de la administración deben ser ocupados por funcionarios públicos.

Igualmente, el Parlamento ha respaldado una propuesta socialista en la que pide la puesta en marcha de una acción de apoyo a las pymes, con una dotación de 250 millones de euros, para poder disponer de incentivos para la creación de empresas.

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