El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que responder el próximo miércoles en el Pleno del Congreso a preguntas sobre la convocatoria del Debate sobre el estado de la Nación, pendiente desde 2015, así como sobre la reciente renovación de algunos órganos constitucionales y la aún pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En concreto, el líder del PP, Pablo Casado, intentará que el presidente del Gobierno aclare en el hemiciclo si piensa enfrentarse alguna vez como jefe del Ejecutivo a un Debate sobre el estado de la Nación.

Desde el PP y Ciudadanos vienen solicitando recurrentemente a Sánchez que convoque ese debate de política general puesto que no se ha sometido a ninguno de estas características desde que llegó a La Moncloa en 2018 gracias a la moción de censura que presentó contra Mariano Rajoy.

Sin embargo, desde el Gobierno se han venido amparando en que el jefe del Ejecutivo se sometió regularmente al control de la Cámara durante los sucesivos debates monográficos que se convocaron a partir de marzo de 2020 para ir solicitando prórrogas a los estados de alarma decretados para hacer frente a la crisis sanitaria.

¿SE HA QUEDADO SATISFECHO AL PACTAR CON EL PP?

El encargado de sacar a colación la renovación de los órganos constitucionales será el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien aspira a que Sánchez le confiese si ha quedado "satisfecho" con cómo han quedado el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo que el Gobierno de coalición pactó en octubre con el PP.

Ese debate dará pie a ambos para recordar que sigue pendiente aún el relevo de los vocales del CGPJ que a principios de diciembre cumplieron tres años con el mandato caducado.

De su lado, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quiere que Sánchez detalle si la actuación de su Gabinete "está siendo suficiente para garantizar los derechos y libertades del conjunto de los españoles", una pregunta genérica que le servirá para defender que se haga cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la escuela pública catalana a impartir un 25% de sus clases en castellano.

Desde el PP, su secretario general, Teodoro García Egea, pedirá cuentas a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por haber esperado "casi dos años" para hacer públicas las advertencias sobre el coronavirus que, según explicó hace unos días, trasladó a sus compañeros del Consejo de Ministros a mediados de febrero de 2020.

A la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se dirigirá la portavoz del PP, Cuca Gamarra, para que le explique por qué cree ella que "todos los organismos nacionales e internacionales tienen una 'actitud catastrofista' con respecto a la economía española".

PENÚLTIMA SESIÓN DEL AÑO

Por su parte, el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, quiere que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, revele qué opina de que Unidas Podemos, con quien el PSOE comparte Gobierno, se muestre "abiertamente contraria a la Constitución", a la que los 'morados' comparan con un "traje que se ha quedado viejo".

A la que será la penúltima sesión de control al Gobierno de este año en la Cámara Baja, faltarán, al menos cinco ministros. La semana pasada comunicaron ausencia los de Exteriores, José Manuel Albares; Defensa, Margarita Robles; Transportes, Raquel Sánchez; Industria, Reyes Maroto; e Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Al haber avisado de que no podían acudir no se les han dirigido preguntas ni interpelaciones, pero tampoco tienen por qué asistir a la sesión los demás miembros del Gobierno que no sean expresamente requeridos por la oposición.