Los inquilinos que ocupan  el edificio de Cruces, el antiguo Cine Moderno, finalmente no deberán abandonar las viviendas el martes 29 ante el desahucio anunciado judicialmente días atrás. Hay prórroga. El alzamiento se frena, pero como ocurre en cada desahucio, la reclamación de desocupar la casa es temporal. Todo es cuestión de poner otra fecha o en el mejor de los casos negociar para intentar llegar a un acuerdo, y ese es el nuevo episodio que se encuentra en el horizonte para los afectados. Las vías de hallar una solución sirven para abrir una esperanza de encontrar una normalización al problema que se ha ido amontonando durante muchos años.

Las 36 familias que a día de hoy habitan la promoción, unas 130 personas y en su mayoría adultos con menores, al menos consiguen ganar tiempo mientras abordan negociaciones tanto con el Ayuntamiento, que se ha posicionado como intermediador, como con la entidad bancaria propietaria de la edificación.

En el drama humano de la ocupación también convive el negocio ante la miseria, como la propia concejal de Viviendas, Matilde Roselló, reconoció abiertamente en el programa de Ondaluz Costa TV en el debate semanal que se emite. Días atrás algunos inquilinos negaban rotundamente esas prácticas a este medio.

Roselló reconoció que no solo es en Cruces, en otros puntos de la ciudad con ocupaciones de por medio también es práctica habitual.

Drama con negocio

En cada dificultad hay una oportunidad de sacar rédito e incluso en la desdicha se consigue tener. La promoción de Cruces no es una isla, hay más.

Por 400 euros se han ‘arreglado’ acuerdos que quedan en papel mojado cuando desde Bienestar Social solicitan a los afectados ahora el registro de demandante de viviendas, imprescindible para acogerse a las ayudas sociales que en la mayoría de los casos son minoría. Tras años de ocupación es ahora cuando se van a acometer medidas concretas para intentar legalizar la situación como pudiera ser acordar unas rentas acordes a los exiguos ingresos que reciben los afectados.