La muerte de Rita Barberá, repudiada por todos los partidos políticos y abandonada por el suyo (PP) tras su imputación judicial, ha dejado en evidencia la hipocresía general y, especialmente, la del Partido Popular. El portavoz de su grupo parlamentario, Rafael Hernando, ha tenido la desfachatez de decir que si le exigieron el carné de militante y el acta parlamentaria (ella se negó a esto último y se refugió en el Grupo Mixto del Senado) fue para librarla del linchamiento a que estaba siendo sometida por las “hienas” mediáticas. Asimismo, el PP ha tratado de culpar a C’s por haber exigido la renuncia de sus imputados o no firmaba el pacto que propició la investidura de Rajoy y por tanto España no habría tenido Gobierno.
El PP demuestra así que para él el fin justifica los medios y que con tal de lograr el poder es capaz de sacrificar a cualquiera de sus militantes y condenarlo de facto ante la opinión pública. Hemos denunciado siempre, y a contracorriente, la perversión del principio de la presunción de inocencia por los partidos políticos con tal de erosionar a sus rivales al exigir la destitución de los imputados en cualquier causa (nunca a los suyos, por supuesto) y sin esperar a las sentencias judiciales.
Con esta misma coherencia insistimos una vez más en que ni la imputación ni la apertura de juicio oral pueden ser esgrimidas para apartar a una persona de su cargo u obligarla a dimitir y que hay que remitirse al fallo judicial. Lo más probable es que una vez pase el efecto de la muerte de Barberá los partidos continúen linchando a sus rivales y los señalen como culpables hasta que no se demuestre lo contrario.
