El Gobierno convocó ayer a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo para abordar el futuro de las pensiones, uno de los asuntos que más preocupa a los españoles por la situación de la Seguridad Social, que acabará el año en curso con un déficit de unos 19.000 millones de euros y de 16.000 millones el próximo, cuando se prevé que el Fondo de Reserva o “hucha” con que se están abonando las pagas extraordinarias de los jubilados se agote por completo.
Con cada vez más pensionistas que cobran una pensión media mayor y una menor proporción de trabajadores en activo por jubilado, una de las medidas que se están barajando para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema es incentivar la prolongación de la vida laboral permitiendo al pensionista compatibilizar el cobro de la pensión de la Seguridad Social con un trabajo remunerado.
En este preocupante contexto y en la víspera de la reunión del Pacto de Toledo, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha acordado justo lo contrario de lo que preconizan los expertos: otorgar un premio de 20.000 euros a las personas de su Oficina sólo por el hecho de llegar a la edad reglamentaria de la jubilación a los 65 años y como incentivo (¿?) para que no sigan trabajando, pese a que no están obligadas a ello; premio, además, con efecto retroactivo para sus jubilados con posterioridad al año 2005.
Tras esta generosa medida, no debería ser la ministra de Empleo, sino Jesús Maeztu el que compareciera ante el Pacto de Toledo y explicara su fórmula para resolver el problema de las pensiones y, sobre todo, con el dinero de quién.
