El coordinador de Agricultura del PP de Córdoba, Rafael Navas, ha afirmado este miércoles que el cooperativismo agroalimentario es "estratégico" para el Gobierno de España del PP, por ello está impulsando nuevas leyes y medidas para "paliar la fragilidad y atomización de muchos eslabones de la cadena alimentaria".
Según indica Navas en una nota, "la leyes de mejora de la cadena alimentaria y de integración de cooperativas van encaminadas a mejorar el marco competitivo de las empresas agroalimentaria, además lograrán mejorar la calidad de nuestros productores y eso repercutirá favorablemente en los consumidores".
Para él, es "más que evidente" el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy con el campo andaluz y cordobés, y en este caso con la industria agroalimentaria y el cooperativismo, tanto por los sectores en lo que tiene actividad, como por el número de empresas, el empleo que generan y el número de socios que concentra.
En la provincia de Córdoba existen unas 800 industrias agroalimentarias, cien cooperativas y 64 sociedades agrarias de transformación, por lo que "hablamos de un sector muy importante para la economía de nuestra provincia, que nos sitúa en segundo lugar en Andalucía en empresas agroalimentarias, alcanzado el 20% del empleo industrial de la provincia", afirma.
En mucha ocasiones destaca el carácter exportador de estas cooperativas donde se han experimentado avances considerables en cuanto a la facturación exterior. "Uno de los principales retos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es la integración, la innovación y la internacionalización para conquistar y consolidar los mercados exteriores, y por ello se está trabajando para promover un modelo cooperativo más potente en dimensión, ambición innovadora y proyección internacional", asegura Navas.
El Gobierno, antes con Miguel Arias Cañete y ahora con Isabel García Tejerina, de forma "muy acertada" está impulsando que las cooperativas ganen posiciones en los mercados exteriores, de manera que ganen dimensión para defender mejor los intereses de sus socios, de agricultores y ganaderos, promoviendo un modelo cooperativo menos atomizado y más competitivo. "Es muy representativo el dato que sitúa a España como el octavo país exportador en productos agroalimentarios por un valor que superó los 38.000 millones de euros en 2013", según explica.
Rafael Navas ha destacado los cambios estructurales que está promoviendo el Ministerio con la Ley de Fomento de la Integración Cooperativa y la Ley de Medidas para mejorar la Cadena Alimentaria, ambas muy demandadas por el sector. "La apuesta de la Ministra de Agricultura por el campo andaluz y cordobés es una evidencia", dice.
LEY DE INTEGRACIÓN COOPERATIVA
El objetivo de esta ley es mejorar la estructura de la oferta y fomentar la integración de productores y entidades para constituir entidades asociativas de carácter agroalimentario de ámbito supra-autonómico. En definitiva, se trata de impulsar un modelo empresarial más profesionalizado, generador de valor y con dimensión relevante para producir y comercializar a escala global.
Esta ley cuenta con dos instrumentos fundamentales: el Plan Estatal de Integración Asociativa, que a partir de 2015 desarrollará el Programa Nacional de Desarrollo Rural, con un presupuesto de 500 millones de euros, y la creación de la Entidad Asociativa prioritaria. "Ambas herramientas buscan crear un escenario de integración y concentración de la oferta de los primeros eslabones en la cadena alimentaria para reforzar su competitividad", dice Navas.
LEY DE CADENA ALIMENTARIA
Esta norma favorece una mayor equidad y garantías jurídicas en las relaciones comerciales, buscando un marco de competencia justa que redunde en beneficio tanto del sector como de los consumidores como destinatarios finales del proceso.
Para ello se ha establecido un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, y se está tramitando el Observatorio de la Cadena Alimentaria, además de la Agencia de Información y Control Alimentario que vigila las relaciones comerciales entre comprador y vendedoras de esa cadena alimentaria velando por los intereses de los agentes del sector agroalimentario, fomentando la participación y buscando soluciones a los problemas detectados.
Otras medidas impulsadas desde el Gobierno de España en favor del sector agroalimentario andaluz y cordobés son el proyecto de Ley de Denominaciones de origen Protegidas e Indicaciones Geográficas de ámbito supra-autonómico.
La aplicación de estas leyes, junto al resto de medidas que el Gobierno del PP está poniendo en marcha --acuerdos sobre la leche, el aceite de oliva, el programa de innovación e investigación agroalimentaria-- son "un gran apoyo que las cooperativas deben aprovechar al máximo", apostilla el coordinador popular.
