a secretaria General de CCOO de Industria, Garbiñe Espejo, ha visitado junto con su homólogos de Andalucía y Córdoba, José Hurtado y Agustín Jiménez, respectivamente, y la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, las instalaciones de Zumosol en Palma del Río para exigir a la compañía que "pague por los despidos improcedentes", así como para mostrar su apoyo a los trabajadores. "El sindicato no parará hasta que se haga justicia", ha apostillado.
CCOO ha detallado a través de un comunicado que la plantilla de Zumosol ha transmitido a la responsable sindical sus preocupaciones, recalcando la "gran incertidumbre e injusticia" que viven desde hace meses y que "les llevó a encerrarse en las intalaciones de la empresa el pasado 20 de diciembre para reclamar la regularización de su situación y el pago de las nóminas que se les adeudan".
La pasada semana, Zumosol convocó al sindicato a una reunión con el objetivo de reconducir la situación; una reunión donde CCOO "dejó clara su postura, que no es otra que deben pagar el despido improcedente a los trabajadores, cuestión que ya está judicializada, y abonar los salarios del ERTE que ya se ha declarado nulo por el Tribunal Supremo".
Precisamente, los primeros juicios por despido improcedente estaban fechados para el próximo lunes pero finalmente han sido suspendidos a fin de reunificar las causas.
Garbiñe también ha mostrado su apoyo a la plantilla de LCG Fruit, empresa que adquirió en 2019 la sección de envasado de Zumosol que, según la primera, le adeuda unos cinco millones de euros. La envasadora también ha cerrado sus puertas pero CCOO ha remarcado que no lo ha hecho de forma legal, ya que no ha presentado un ERE ni ha demostrado insolvencia, ni ha entrado en concurso de acreedores, por lo que el sindicato considera que se trata de un despido improcedente y que podría haber un delito contra los trabajadores e incluso un levamentamiento patrimonial.
El secretario General de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha destacado que el cierre de la planta de exprimido de Zumosol y de LCG Fruit, que afecta a 38 y 70 trabajadores y trabajadoras respectivamente, es "un varapalo" para la industria agroalimentaria de la provincia y "sus consecuencias ya se están empezando a sentir en la comarca y serán mucho peores en la próxima campaña".
