Representantes de decenas de miles de estibadores de los cinco continentes han remitido, en los últimos días, escritos de apoyo al sindicato español Coordinadora, al ministro español de Fomento, Íñigo de la Serna, y a varias Embajadas y Consulados españoles para dar con una solución pactada al conflicto generado en España tras el anuncio, hace diez días, de que el Ejecutivo español pretende aprobar un Decreto legislativo de forma unilateral que fulmine años de crecimiento en los puertos del país.
Desde Oceanía a América o Asia, pasando por los principales países de Europa y África, el International Dockworkers Council y el sindicato mayoritario español, la Coordinadora Estatal de Trabajadores el Mar (CETM), han recibido multitud de apoyos. En palabras del coordinador general del IDC, Jordi Aragunde, “el Gobierno español debe hacer prevalecer un acuerdo que ya han firmado el 90% de las empresas conjuntamente con los trabajadores, y hacerlo suyo antes de remitirlo a la Comisión Europea para dar cumplimiento con la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo que obliga al Reino de España a modificar el modelo de estiba existente en la actualidad”.
Según el líder sindical “en la reunión que mantuvimos el pasado mes de diciembre con la Comisaria Violeta Bulc nos reclamó acudir a Bruselas con un acuerdo entre las partes para aprobarlo, tal y como se ha hecho con el modelo de estiba de Bélgica”. En este sentido, según Aragunde, “la Comisión Europea ni redacta la jurisprudencia de cada Estado Miembro ni tampoco legisla. Esto lo hace cada país de forma particular; España, en este caso”.
“Para los estibadores es importante que el acuerdo con el Gobierno español que cumpla con la Sentencia, contemple el acatamiento de la Convención 137 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificada por España, y que en su articulado remarca, por un lado, el asegurar el empleo permanente o regular de los trabajadores portuarios y, por otro lado establecer y llevar registros para todas las categorías de trabajadores portuarios, además de que estos trabajadores portuarios registrados deberán tener la prioridad para el trabajo portuario”, añade Aragunde. En la mayoría de países del mundo con tráfico marítimo la Convención de la OIT se respeta, máxime cuando ésta está ratificada por un Estado miembro.
Por lo pronto, el IDC ha coordinado una campaña internacional de apoyo a los compañeros españoles a la espera de que este próximo martes el Ministerio de Fomento español tome la decisión de negociar honestamente con los trabajadores, dado que en la reunión del pasado viernes no se presentó ninguna propuesta, a la espera de que mañana martes los negociadores de ambas partes presenten sus proposiciones. En caso de no atender a las demandas de los trabajadores, cabe recordar que los sindicatos han convocado el preaviso de Huelgas para el lunes, miércoles y viernes de la próxima semana, en horas impares.
Además, el IDC, por su parte, ha convocado una reunión de urgencia de sus coordinadores de zona (Europa, África, Costa Oeste de Norteamérica y Pacífico, Costa Este de Norteamérica, Oceanía y América Latina) el próximo día 21 de febrero en Algeciras, para analizar la situación y dar respuesta conjunta y contundente a las demandas que se hacen desde España.
El coordinador general ha recordado que “no se debe llegar a la situación de conflicto habiendo posibilidad de establecer vías de diálogo de buena fe y, si es necesario, con la presencia de responsables de la Comisión Europea. De este modo se evitaría que el comercio exterior español pueda sufrir las consecuencias y quedar tocado”. En este sentido, una eventual decisión unilateral en el próximo Consejo de Ministros “arriesga la seguridad de todo el sector portuario y ponen en peligro los bienes de importación y exportación en los puertos españoles”.
En este sentido, en palabras de Jordi Aragunde, “no se descarta proponer acciones a la mercancía española en caso de que no se logre un acuerdo entre las partes”. No sería la primera vez que la unión internacional de los trabajadores toma medidas como pueda ser el paralizar o retrasar la descarga de bienes de consumo de terceros países donde se está negociando la mejora de las condiciones de trabajo, como medida de presión para que los respectivos Gobiernos se avengan a negociar con la parte sindical.
