El 18 de noviembre de 2008 el magistrado se inhibió y trasladó las denuncias de los familiares de las víctimas a Juzgados de Instrucción de toda España, que por lo general han archivado o ignorado el asunto.

Pasado un año, es Garzón quien está siendo investigado en el Tribunal Supremo por posible prevaricación por declararse competente para esta causa, mientras que se pueden contar con los dedos de la mano los casos en los que se han abierto fosas por orden judicial.

Pese a ello, los familiares de las víctimas no desisten y las asociaciones de memoria histórica siguen buscando por su cuenta y realizando excavaciones con la ayuda de miles de voluntarios.

Ya no es la batalla de los hijos. Ahora son los “nietos del franquismo”, que no vivieron la guerra y apenas tienen recuerdos de la Transición, quienes ven cómo la Justicia les da la espalda.

“Nosotros hemos nacido de espaldas”, dice el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, que añade que “ni la Política ni la Justicia han asumido su responsabilidad en este tema”.

El “desamparo” judicial ha provocado que las familias de las víctimas hayan recurrido a la vía administrativa, que ha sido –por ejemplo– la que ha dado el visto bueno al inicio de las excavaciones en las fosas de Alfacar en Granada donde podrían estar los restos del poeta Federico García Lorca.

Incluso en este caso el proceso judicial está paralizado, pendiente de que el Tribunal Supremo decida si la competencia es de un Juzgado granadino o de Garzón, y ha sido la Consejería andaluza de Justicia la que ha autorizado la excavación.

La recuperación de sus restos no servirá para aliviar la angustia de los familiares de otros muchos desaparecidos –143.353, según la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo–, que no cuentan con apoyo suficiente para poder enterrar dignamente a sus muertos.

“Duele la cantidad de medios que se están poniendo en la fosa de Lorca, cuando a sólo unos pasos hay otra fosa en la que no se hace nada”, dice Silva.

Al igual que en Granada, en Málaga la vía administrativa ha permitido la exhumación de los restos de 2.840 personas con autorización del Ayuntamiento y sin intervención judicial.

Pero de los más de 60 Juzgados en cuyas manos depositó Garzón la investigación, la mayoría no han respondido todavía y si lo han hecho ha sido para dar “carpetazo” y archivar la causa.

En Galicia, desde 2003, se han abierto 11 fosas, ninguna con intervención judicial; en Asturias, la Fiscalía ha pedido a un juez de Laviana el archivo de la denuncia de la asociación Todos los hombres de Asturias pidiendo otras exhumaciones.

En Castilla y León se calcula que se han excavado 18 fosas, de las que sólo dos han contado con la autorización judicial.

A Emilio Silva sólo le consta un caso en el que las exhumaciones se hayan llevado a cabo por iniciativa judicial y es el de las dos fosas comunes de Santa María de Tera en Zamora.

La juez de Benavente Tania María Chico fue la primera en atender el requerimiento de Garzón y autorizar la apertura de las fosas, en las que se descubrieron los restos de siete personas.

“Las contestaciones de los Juzgados son de lo más variopintas”, explica a Efe el presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, José María Pedreño, que dice que los jueces “se inhiben, archivan, lo declaran prescrito; nos están dando la espalda y no quieren saber nada del tema”, asegura.

El Gobierno defiende los avances que ha supuesto la Ley de Memoria Histórica desde su aprobación el 10 de diciembre de 2007.

Gracias a ella se ha puesto en marcha una oficina de atención a las víctimas de la Guerra Civil, que ha recibido 9.290 consultas desde 2008 hasta septiembre de 2009, según los datos facilitados a Efe por el Ministerio de Justicia.

El Ejecutivo ha recibido también 831 solicitudes de declaración de reparación y reconocimiento personal.
De las que se han resuelto, sólo han sido rechazadas 17, mientras que se han concedido 237, entre ellas la del ex presidente de la Generalitat de Cataluña Lluís Companys, fusilado en 1940 por el régimen franquista.

Además, se sigue trabajando en la elaboración del mapa de los lugares de inhumación y la semana pasada se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 una partida de dos millones de euros para facilitar las exhumaciones de fosas y agilizar el traslado de los restos humanos si lo piden los familiares.

De la intervención judicial “precaria y prácticamente nula” también se queja Emilio Silva: “Casi nadie se ha puesto a trabajar, la apertura de la causa contra Garzón en el Supremo ha asustado a más de un juez”.

Ese ha sido el “efecto perverso, buscado o no”, al que Silva contrapone la imagen de “esa gente de ochenta y pico años, su angustia porque se les va la vida y no han podido enterrar a su padre y su madre”.

Su propio abuelo fue asesinado por las tropas falangistas la madrugada del 16 de octubre de 1936 en Priaranza del Bierzo (León), junto con otros trece hombres, y fue también la primera víctima desaparecida en la Guerra Civil identificada mediante el análisis del ADN.

Ahora él, como otros muchos familiares, ha visto como “el único juez que ha hecho algo colectivo por las víctimas” ha sido encausado por ello.

“Se está tratando a las víctimas como culpables. Es lo mismo que decir que los familiares de los desaparecidos estamos prevaricando”, afirma.

Pedreño, por su parte, no deja de sorprenderse de que la Justicia española archive las denuncias sobre los crímenes franquistas mientras admite a trámite otras como la de los monjes budistas contra el Gobierno chino por crímenes de lesa humanidad en la década de los 50.

Frente a las voces de las víctimas, que se tienen que “autoconstruir su reparación”, otros piden pasar página.