El alcalde de Cádiz, José María González (PCSSP), está citado a declarar este jueves en el Juzgado número 3 de Cádiz en calidad de investigado tras la denuncia puesta por Ciudadanos (Cs) por su supuesta prevaricación y malversación de fondos públicos con la gestión de los chiringuitos.

Según la providencia dictada por la juez, a la que ha tenido acceso Europa Press, el alcalde está llamado a declarar a las 10,00 horas en el Juzgado número 3. Además, posteriormente, también declararán en calidad de testigos representantes legales de los chiringuitos.

Cabe recordar que Cs interpuso la denuncia en el mes de julio, siendo admitida a trámite en el mes de agosto. Según explicaron el portavoz municipal de Cs, Juan Manuel Pérez Dorao, y la edil María Fernández-Trujillo, la denuncia fue contra el alcalde "al ser éste el que ha firmado el decreto de la concesión de la gestión de los chiringuitos a los empresarios donde se aprecia la presunta comisión de dos delitos".

A juicio de Cs, ha cometido prevaricación y malversación de fondos al realizar con el decreto la concesión administrativa de los chiringuitos de la que el Consistorio era titular a los empresarios titulares de la explotación "sin presentar un concurso público y ceder las concesiones de forma gratuita y arbitraria sin pedir contraprestación alguna, lo que es evidente perjuicio para el patrimonio municipal".

En este sentido, Fernández-Trujillo señaló que la concesión administrativa cedida poseía "relevantes novedades" con respecto a anteriores, "como mayor espacio al ampliar los recintos a 150 metros, estar instalado durante todo el año en lugar del máximo de nueve meses, así como ampliar la duración de la concesión de 15 a 30 años".

Asimismo, señaló que tras ser avisado en el mes de febrero, en el mes de julio intentó, a través de la Junta de Gobierno Local, "declarar caducado el expediente de transmisión de la concesión a los empresarios intentado con ello crear la apariencia de que la transmisión no se hubiera producido".

"Sin embargo, la transmisión sí se ha producido y así lo entiende la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que aceptó el decreto municipal y confirmó su validez en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)", explicó Pérez Dorao, que añadió que "al ahora decir el gobierno local que esa transmisión no se ha producido, algo que para la Consejería es 'papel mojado', ha generado una situación de inseguridad jurídica entre los empresarios de los chiringuitos".

MIentras tanto, a través de un comunicado, el equipo de Gobierno ha subrayado que el juzgado no se ha pronunciado aún sobre la denuncia interpuesta por el portavoz del grupo municipal Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, ya que se encuentra todavía en la fase de las diligencias previas “a la espera de pronunciarse sobre si existen indicios de delito o no”, algo que “debería saber el propio Pérez Dorao como abogado que es”.

El equipo de Gobierno señala que el juzgado está continuando con el proceso que se realiza ante cualquier denuncia preguntando a las partes implicadas a la espera de tomar una decisión sobre si iniciar un proceso o no. Insiste en que “está investigando y de momento no ha decidido archivar la denuncia ante las afirmaciones de Ciudadanos, sobre unos procedimientos administrativos que ya de por sí son complejos y tienen una extensa documentación como demuestran los más de mil folios que han sido aportados tanto por la Junta como por el Ayuntamiento”. Subraya que se trata de “una información amplia y compleja que debe ser analizada por el juzgado y por la Fiscalía” por lo que “lo lógico en este tipo de casos es que llamen a declarar al alcalde para que se pronuncie sobre la misma”. Lo que no entiende el equipo de Gobierno es que “Ciudadanos haya dirigido su denuncia contra este Ayuntamiento, que realizó una consulta y paralizó el proceso y no contra la Junta de Andalucía que es la que ha manifestado erróneamente, hasta el día de hoy, que los chiringuitos están transmitidos y la que se ha pronunciado a favor de la modificación de la concesión aumentando el espacio y la permanencia durante todo el año”.

El alcalde, añaden, “no negoció con los propietarios de los chiringuitos bajo la mesa mejores condiciones como hicieron otros y que es lo Ciudadanos llama político”. Lo que hizo el alcalde fue “iniciar una expediente solicitando informes técnicos para preguntar si las propuestas de los empresarios podían hacerse. Pidió informes tanto a los técnicos municipales como a los de la propia Junta, y una vez obtenidos y analizados se decidió no realizar la transmisión”.

Cuestionado

El equipo de Gobierno, en su nota de prensa, cuestiona de principio a fin esta denuncia de Ciudadanos pues “es la Junta de Andalucía quien, pese a la manifestación contraria del Ayuntamiento gaditano, ha acordado -creemos que habiendo pudiendo haber incurrido en alguna ilegalidad-, la transmisión de los chiringuitos y su modificación, pero, curiosamente, Ciudadanos no denuncia al delegado provincial de Medio Ambiente en la Junta, Ángel Acuña” por lo que ha preguntado qué “tipo de pactos existe al respecto entre PSOE y Ciudadanos”.