El Grupo de IU en la Diputación Provincial de Cádiz llevará al próximo Pleno una moción para reclamar medidas al Gobierno central y a la Junta de Andalucía ante el aumento de la siniestralidad laboral en la provincia, que, con "11.557 siniestros" en 2016, registró un incrementó en un 5,57 por ciento respecto al año anterior.
En la exposición de motivos de la proposición, a la que ha tenido acceso Europa Press, IU hace referencia a un informe sindical que pone de manifiesto que el mayor incremento se ha producido en los accidentes mortales, con un total de seis, lo que se traduce en un aumento del 20 por ciento. Por su parte, los daños a la salud en el ámbito laboral de carácter leve se cifran en 11.467 casos, experimentando un incremento del 5,51 por ciento.
A ello, ha añadido que "la precariedad laboral y el miedo al despido están provocando que muchos trabajadores no se atrevan a coger bajas por accidente, a la vez que algunas empresas, en connivencia con mutuas aseguradoras de accidentes, están maquillando los niveles de siniestralidad en sus centros de trabajo no comunicando las bajas, con las consiguientes repercusiones en la salud de los trabajadores".
De igual manera, IU ha destacado que el informe pone el acento en diferentes estrategias con las que se intentan "enmascarar las verdaderas cifras de siniestralidad" y también en lo que respecta a las enfermedades profesionales.
En definitiva, señala que el incremento registrado refleja una situación "preocupante" que "revela las carencias y deficiencias de las políticas de seguridad y salud laboral que se vienen desarrollando desde la administración competente, y la falta de voluntad por parte de algunas empresas en la aplicación de las normas es esta materia".
Por ello, IU propone al Pleno de la Diputación que acuerde instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a la Consejería de Empleo de la Junta a adoptar las reformas y medidas legales oportunas para garantizar la aplicación y el cumplimiento de las normas en materia de prevención y salud laboral por parte de las empresas.
Asimismo, les insta a incrementar el número de funcionarios inspectores y subinspectores y los medios materiales destinados a la acción inspectora, así como la contratación de profesionales especialistas en la puesta en marcha de programas formativos e informativos sobre la prevención de riesgos laborales.
Por último, propone que el Pleno de la Diputación solicite a las administraciones competentes que se active un control "riguroso" de los distintos niveles de subcontratación en la adjudicación de las obras públicas.
