Este lunes se cumple el plazo que le otorgaba la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Cádiz para que remitiera el expediente solicitando la autorización que permitiese a los hiringuitos su apertura durante los meses de invierno.   Desde la Junta, el mismo viernes se recalcaba el compromiso de tramitar “la solicitud incluso si se registra el próximo día 31, subrayando que si el Ayuntamiento no lo hace no tendrán otra opción que no autorizarlo porque “la ley es la misma para todos” y, en ese caso, los chiringuitos afectados tendrán que cerrar mañana martes, 1 de noviembre y contarían con un plazo de 15 días para desmontar.

El delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Cádiz, Ángel Acuña, insistía el pasado viernes en que “no puede” conceder autorización para que los chiringuitos permanezcan en invierno “si el Ayuntamiento no solicita el trámite” que exige la ley, es decir, la modificación sustancial de las condiciones. Hasta finales de semana, al parecer, según fuentes municipales, “no había llegado toda la información requerida a los chiringuitos afectados”.

El portavoz autonómico incidió en que la voluntad de la Junta es que los chiringuitos puedan permanecer durante todo el año, motivo por el que ha hecho hasta tres requerimientos al Consistorio gaditano, concretamente en diciembre de 2015, en septiembre de este año y el pasado 19 de octubre.
Acuña recalcó que, aunque el plazo estaba “absolutamente vencido”, este último requerimiento concedía al Ayuntamiento “una prórroga unilateral de 15 días” para que pudieran presentar la documentación hasta el 31 de octubre. Sin embargo, la respuesta del Ayuntamiento a esa ampliación del plazo fue acusar a la Junta de “macarrismo político”.

Por otro lado, Acuña ha aludido a las manifestaciones realizadas esta semana por el alcalde, José María González (PCSSP), indicando que están pendientes de que el Consejo Consultivo de Andalucía responda a una consulta realizada sobre la posibilidad de rescindir el pliego de los chiringuitos y hacer uno nuevo que especifique que puedan permanecer montados todo el año, al objeto de que puedan cursar la solicitud sin contravenir la ley. Al respecto, comentó que el argumento del alcalde le “llama poderosamente la atención”, puesto que la normativa del Consejo Consultivo implica que los informes tienen que evacuarse en 30 días, disminuyéndose el plazo hasta los 15 días en el caso de las consultas urgentes.

En este punto, destacó que la Junta le hizo el primer requerimiento al Ayuntamiento en diciembre del año pasado, con lo que “le ha dado tiempo”.