La desidia de las autoridades ante el ruido desespera a los ciudadanos

El ruido del vecino, el botellón, bares y discotecas, el tráfico y hasta las campanas de la iglesia generan miles de denuncias cada año. Una cuarta parte de los españoles sufre el estruendo de la calle o del que vive al lado, pero sus quejas no son oídas hasta que no llegan a los tribunales, según los afectados. 

Las grandes ciudades dan idea del problema. Sólo en Madrid, la Policía Municipal atendió 50.000 avisos por exceso de ruidos en 2008. Aunque no siempre las quejas terminan en denuncia. 

Somos una sociedad ruidosa, pero cada día hay mayor percepción de que es “un problema grave que incide en la vida de las personas y que hay que erradicar”, señala el catedrático de Sociología Benjamín García Sanz, director de una investigación sobre La contaminación acústica en nuestras ciudades. 

La Administración –añade– tiene “cierta conciencia de regular el problema”. En 2003 se aprobó la Ley del Ruido, que controla las emisiones en las infraestructuras y transporte, y hay diferentes normativas municipales sobre el nivel acústico vecinal y de ocio, “pero es tolerante en el incumplimiento de las mismas”. 

Esa ineficacia deja “indefensos” a los afectados, a juicio de Ignacio Sáenz de Cosculluela, presidente de la Plataforma de Asociaciones contra el Ruido.

Por esa “desidia de la Administración, que no resuelve, la gente está tan desesperada que acude a la vía penal”, asegura a Efe Joaquín Herrera, vicepresidente de Juristas contra el Ruido. 

Así lo vive la familia de José Antonio Guerrero, de Málaga, que desde hace cuatro años soporta los ensayos musicales de un vecino. Primero con la batería y, en los dos últimos años, entre seis y siete horas diarias de piano. 

“Vivimos un poco desquiciados. Además del ruido elevado, los cristales vibran cuanto toca con las ventanas abiertas”, explica a Efe. Su hijo, de ocho años, no puede usar su habitación desde que tenía cuatro, pese a que las viviendas, unifamiliares, están separadas unos cuatro metros. 

Aunque, la Audiencia de Barcelona acaba de condenar a cinco años y medio de prisión a la dueña de un pub, en la primera sentencia que reconoce no sólo un delito de contaminación ambiental, sino también lesiones en la salud de los vecinos del inmueble.