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Cádiz

El exdirector general del Gobierno declara como imputado en el caso 'Bahía Competitiva'

También ha declarado Agustín Bobo, un presunto 'testaferro' del empresario gallego Alejandro Manuel Dávila Ouviña, considerado uno de los presuntos cabecillas de la trama que supuestamente obtuvo de forma ilícita 21 millones de euros de subvenciones públicas

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Jesús Candil, quien fue director general de Industria con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, está citado a declarar este lunes como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, encargado de la instrucción del conocido como 'caso Bahía Competitiva'. 

   En la última semana han prestado declaración ante el juzgado varios de los imputados, entre los que figura la que fue diputada provincial del PSOE y vicepresidenta del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación gaditana durante el último mandato socialista, María José Valencia.

   También ha declarado Agustín Bobo, un presunto 'testaferro' del empresario gallego Alejandro Manuel Dávila Ouviña, considerado uno de los presuntos cabecillas de la trama que supuestamente obtuvo de forma ilícita 21 millones de euros de subvenciones públicas para fomentar el empleo en Andalucía.

   Asimismo, la titular del juzgado ha oído al antiguo responsable del IEDT de la Diputación, Teodoro Garrido, quien fue despedido tras conocerse su imputación. Del Ministerio de Industria estaban citados a declarar cuatro imputados, dos de los cuales lo hacían la semana pasada. Los otros dos, entre los que se encuentra Jesús Candil, lo harán este lunes. 

   Cabe recordar que un total de 31 personas han sido detenidas en las distintas fases de la investigación por el presunto fraude millonario cometido con las ayudas a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz a través del Plan Bahía Competitiva.

   Tras las últimas detenciones practicadas recientemente en Madrid, la Policía Nacional daba por desarticulada la trama que resumía apuntando que medio centenar de empresas solicitaban ayudas, responsables y funcionarios de la Diputación gaditana y del Ministerio de Industria presuntamente facilitaban la concesión y expertos desviaban los fondos a paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública.

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