El juicio por el denominado 'caso Rilco', que sentará en el banquillo de los acusados a los exdelegados especiales del Estado nombrados en su día por el Gobierno del PP para la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna y Manuel Rodríguez de Castro, por supuestas irregularidades relacionadas con la puesta en marcha de un portal informático de comercio iberoamericano denominado Rilco, arranca este viernes en la Audiencia Provincial de Cádiz.
Según se dio a conocer en su día, el Ministerio Fiscal solicita un total de 13 años de cárcel para el exdelegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna y diez para su antecesor, Manuel Rodríguez de Castro, ambos nombrados por gobiernos del PP. Están acusados, entre otros, de un supuesto delito de malversación de caudales públicos.
Según el escrito de acusación del fiscal, Rodríguez de Castro sería autor de un delito de fraude por obtención de ayuda de las administraciones públicas "ocultando condiciones que lo hubiesen impedido", por lo que solicita dos años de prisión y una multa de ocho millones de euros, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad social durante un periodo de cuatro años.
También lo considera responsable de un delito de prevaricación administrativa cometida por autoridad pública, otro de fraude, de un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular y un delito de malversación de caudales públicos. Por ellos pide una pena de prisión de ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años.
Por su parte, el Ministerio Fiscal acusa a Osuna de un delito continuado de fraude por "incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la ayuda fue concedida", por lo que pide dos años de prisión, una multa de ocho millones de euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cuatro años.
También le acusa de un delito de malversación de caudales públicos por el que pide seis años de cárcel e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años; le considera coautor de otro de encubrimiento, por el que reclama un año de cárcel y, finalmente, también coautor de un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por autoridad o funcionario público. En relación a este último, el fiscal pide cuatro años de prisión, una multa de 18 meses a una cuota diaria de diez euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cinco años.
Cabe señalar que los reseñados ejercieron, sucesivamente, el cargo de delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2004. Concretamente, Rodríguez de Castro ocupó el puesto hasta febrero de 2001 y Osuna desde marzo de 2001 hasta el 15 de mayo de 2004.
El escrito de acusación incluye a otras cuatro personas más en relación al conocido como 'caso Rilco'. Se trata de O.R. y S.M., a quienes señala como autores de un delito de encubrimiento y de otro continuado de falsedad en documento oficial cometido por autoridad o funcionario público.
También están acusados G.L. y C.L., para quienes pide ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación absoluta por considerarlos autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos.
