El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha restado gravedad a la presencia de narcolanchas, cada vez más habitual en los municipios de la Costa Noroeste o en la Bahía de Cádiz, concretamente este lunes en la Punta de San Felipe.
“Son incomodad”, ha reconocido, pero ha pedido que “no se interprete” equivocadamente porque “somos nosotros los que estamos ganando la batalla al narcotráfico”, ha señalado, remitiéndose a los resultados de los planes especiales de seguridad del Campo de Gibraltar.
En este sentido, en comparecencia pública tras la reunión de la Mesa de Coordinación Operativa, celebrada en el Parador de Cádiz este martes, para analizar la cuarta fase de dicho plan, el responsable del Ministerio ha señalado que en solo dos meses se han realizado 1.712 operaciones policiales contra el tráfico de drogas, 106 contra el blanqueo de capitales y otros delitos fiscales, los investigados o detenidos alcanzan el millar y se han incautado 27.000 kilos de estupefacientes.
“Queda camino por recorrer”, ha reconocido, pero ha insistido en que “estamos recuperando el principio de autoridad” perdido entre 2012 y 2018, cuando “los gobiernos del PP redujeron en 1.600 las cifras de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la zona y se entraban a hospitales a rescatar narcos”, en referencia al asalto de 20 encapuchados en La Línea para facilitar la fuga de Samuel Crespo, uno de los lugartenientes de Los Castaña.
De este modo, hoy, ha asegurado, 25.000 funcionarios participan en la lucha contra el narcotráfico en las seis provincias donde se desarrolla el Plan de Seguridad, con una inversión en un lustro de 18 millones de euros, más otros 16 previstos para este ejercicio.
En cuanto a recursos materiales, desde vehículos todoterreno a vehículos para la vigilancia y localización marítima y terrestre, se han destinado otros 40 millones y para 2024 se han reservado 19 más.
Ahora, ha dicho, es el momento de escuchar a la Justicia, no en vano en la reunión han estado presentes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y la fiscal superior, Ana Tárrago, para estudiar las mejoras que agilicen la tramitación de los procedimientos, con la creación de tribunales de instancias específicos o la modificación de la ley para que la Audiencia Nacional pueda asumir determinados asuntos.
También está sobre la mesa, en colaboración con el Ministerio de Justicia, la modificación del Código Penal para castigar a los petaqueros por tenencia ilícita de combustible, ha indicado, así como intensificación de la investigación y persecución de las estructuras de apoyo logístico a las organizaciones de narcotráfico.
Finalmente, tras recordar a los dos guardias civiles asesinados en Barbate en febrero, ha insistido en que “no hay fórmulas mágicas”, pero ha renovado el compromiso del Gobierno de destinar recursos y mantener contacto permanente con los sindicatos y las asociaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para mejorar sus condiciones laborales y la situación en la zona, sin renunciar a la declaración de la provincia como Zona de Especial de Singularidad, que precisa de un complejo detalle, no obstante.
