El Gobierno hará efectiva la ley en las CCAA si éstas no la acatan

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las autonomías que han mostrado su resistencia a aplicar la ley del aborto y ha asegurado que en el caso de que éstas no rectifiquen, el Gobierno “pondrá en marcha todos los mecanismos jurídicos” para hacer efectiva la norma.

Así se pronunció ayer Aído en declaraciones a los periodistas en la sede de su Ministerio, en respuesta a las comunidades de Navarra y Murcia que se han posicionado en contra de la aplicación de la ley del aborto en sus territorios justo el lunes, día en que entró en vigor.

La ministra de Igualdad ha calificado la actitud de los gobiernos de estas autonomías de “irresponsable” y ha esperado que el presidente del PP, Mariano Rajoy “ponga orden en su partido” porque, a su entender, este comportamiento “es más propio de un partido marginal y antisistema” que de una formación política que “tiene aspiraciones de Gobierno”.

Aído ha afirmado que en democracia “no hay nadie que esté por encima de la ley” y ha asegurado que esas comunidades “han iniciado un camino que van a tener que desandar”.

Así las cosas, la titular de Igualdad ha subrayado: “Llamamos a la responsabilidad en primer lugar, esperemos que se rectifique, y pondremos en marcha todos los mecanismos jurídicos en el caso de que no sea en el modo en el que esperamos que se haga efectivo el cumplimiento de la ley”.

Ha lanzado un mensaje “de tranquilidad” a las ciudadanas de Navarra y Murcia porque ha recalcado que la norma se ha aprobado después de mucho tiempo de trabajo y esfuerzo conjunto para que pueda garantizarse la prestación sanitaria en todas las autonomías.

En cuanto a la aprobación de crear un registro de médicos objetores de conciencia por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, la ministra ha señalado que la objeción “está perfectamente descrita” en la ley del aborto y “es un derecho individual previo y por escrito”.

Además, ha añadido que corresponde a las comunidades autónomas establecer los mecanismos que garanticen la objeción de conciencia y hacerlos compatibles con el derecho a la prestación sanitaria por parte de las ciudadanas.

En cuanto a los recursos ante el Tribunal Constitucional del PP, Aído ha estimado que éstos están en su “legítimo derecho” de hacerlo.

No obstante, ha vuelto a reiterar el pleno convencimiento del Ejecutivo en la constitucionalidad de la ley.

LA LEY YA ES APLICABLE

Por su parte, Soraya Sáenz de Santamaría, la portavoz del PP en el Congreso, en una comparecencia ante los periodistas en la Cámara Baja, ha respondido prácticamente igual a siete preguntas sobre la posición de su formación, y en particular del Gobierno murciano, del popular Ramón Luis Valcárcel, en contra de la puesta en marcha de la norma.

El presidente de la Región de Murcia manifestó el lunes que “no hay razones para acatar” una ley que aún no se encuentra en su “punto final”, toda vez que el Constitucional debe resolver a favor o en contra de la petición de suspensión de la norma.

Preguntada por ello, la portavoz del grupo popular ha evitado dejar claro si está de acuerdo o no con la postura de Valcárcel.

Así, ha reconocido que la norma efectivamente ha entrado en vigor, y respecto de las “trabas” de algunas comunidades autónomas, ha dicho que quien “tiene que hacer una reflexión” es el Gobierno central, ya que la tramitación parlamentaria de la ley se caracterizó por “la falta de consenso social” y por las reticencias de muchos.

A la pregunta de si a su juicio estarían justificadas las trabas que podría poner Murcia a las mujeres que ahora quieran abortar, Sáenz de Santamaría ha afirmado: “La ley ha entrado en vigor y es aplicable”.