El Gobierno y las comunidades autónomas acordaron ayer unos topes mínimos y máximos de la cuantía que deberá pagar el beneficiario por las prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia, de acuerdo con su capacidad económica.

 

En el cálculo del copago, sólo se computará la vivienda habitual del dependiente si no tiene personas a su cargo y necesita una plaza de residencia, según fuentes del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

 

El Consejo Territorial de la Dependencia, cuya reunión preside la ministra de Política Social, Mercedes Cabrera, también ha cerrado los criterios para la acreditación de las residencias.

 


El acuerdo del copago, uno de los últimos flecos pendientes por desarrollar en la Ley de Dependencia, recibió el voto favorable de diez comunidades y las abstenciones de las gobernadas por el PP y la de Canarias.

 

El principal partido en la oposición se abstuvo porque pretendía la redacción de un informe jurídico para que este punto se regulara mediante un real decreto y no un acuerdo.