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Andalucía

Fiscalía Superior ve proporcionado exigir un test semanal a los sanitarios

Ha trasladado su postura en un comunicado después de que el alto tribunal haya suspendido de forma cautelar

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  • Real Chancillería de Granada, sede del TSJA y de la Audiencia Provincial de Granada. -

La Fiscalía Superior de Andalucía ha avalado la orden de la Junta para exigir que los empleados de residencias y de ayuda a domicilio no vacunados contra la covid se sometan a pruebas semanales y ha calificado de proporcionada una medida que concita la libertad con el control de la pandemia.

El Ministerio Público ha trasladado a la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un dictamen favorable a la orden de la Consejería de Salud y Familias que acordó establecer pruebas PDIA semanales al personal sanitario no vacunado.

La Fiscalía Superior de Andalucía ha trasladado su postura en un comunicado después de que el alto tribunal haya suspendido de forma cautelar y tras la petición de la asociación Liberum parte de esa orden.

El informe de la Fiscalía de Andalucía se ha opuesto a la demanda de Liberum y ha apuntado que existe una normativa que autoriza a la administración sanitaria a dictar normas que contengan medidas en la lucha contra la pandemia.

La Fiscalía ha considerado además que esta medida recurrida cuenta con la "proporcionalidad exigible".

"Son medidas necesarias para la obtención del fin perseguido y moderadas a la situación actual hasta el punto de que, frente a la vacunación obligatoria, la vacunación obligatoria indirecta o la pruebas PDIAs, la orden opta por la menos invasiva con la pruebas PDIAs para el personal que trabaja con un sector especialmente vulnerable", ha argumentado el Ministerio Público en su informe.

Del mismo modo, la Fiscalía ha subrayado que la medida redactada por la Junta concilia la libertad de los empleados, que pueden vacunarse o no, con la vigilancia "escrupulosa" de las consecuencias que depare a terceros su libre decisión.

También recoge el dictamen de la Fiscalía que las medidas son ponderas y equilibradas porque conllevan más beneficios para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto y porque persiguen garantizar la salud pública y proteger a personas vulnerables. 

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