Según la delegada provincial del ramo, Silvia López, la fórmula del sorteo “masificado” e “indiscriminado” da lugar a “numerosas injusticias”. De ahí que en lo sucesivo se quiera reducir el número de participantes en estas convocatorias en función de los perfiles de los demandantes.
La finalidad del registro consiste, por tanto, en conocer “con pelos y señales” las necesidades de vivienda de las familias de cada ciudad. Y, basándose en ese documento, los ayuntamientos podrán orientar de una forma o de otra su oferta de pisos.
Esta opción permitirá conceder prioridad a factores como la antigüedad o la renta. Eso sí, la definición y diferenciación de estos criterios corresponderá a los consistorios de cada localidad, que deberán fijar esas categorías en una ordenanza.
En opinión de López, la elaboración de esta herramienta informática va a conllevar “numerosas ventajas” a los Gobiernos locales y no supondrá una sobrecarga económica, ya que la Administración autonómica “dispondrá muchas facilidades para su puesta en marcha”.
