La representación procesal del PP-A en el juicio del caso ERE, donde ejerce la acusación popular, ha solicitado que se investigue si la Junta falseó un documento aportado hace algo más de una semana a la causa por la defensa del expresidente José Antonio Griñán.

Se trata de un certificado de acuerdo del Consejo de Gobierno del 28 de diciembre de 2004, que lleva una fecha y un sello distinto a la prueba original que la Junta remitió en su día para la causa de los ERE, según apunta el PP.

El documento corresponde a un expediente de modificación presupuestaria, referenciada como 946/2004 y denominada "Transferencia de créditos en el capítulo IV de los programas 3.2.B y 3.2.H del Servicio Andaluz de Empleo". Este documento fue aportado por la defensa de Griñán durante su declaración del pasado 5 de abril.

Según el PP, dicho documento contiene "incongruencias" respecto al que ya obra en la causa, lo que podría ser producto de un presunto "falseamiento". Entre esas incongruencias, la acusación popular señala que el anverso del documento que obra en la causa está firmado por el viceconsejero de Presidencia el 28 de diciembre de 2004 y el que aporta la defensa de Griñán dos días después.

En el reverso del documento obrante en la causa no aparecen las firmas del director general de Presupuestos y del jefe de servicio de Presupuestos de Actividades Sociales, que sí aparecen en el aportado por el abogado de Griñán.

Además, la firma del jefe de servicio de Presupuestos de Actividades Sociales es ilegible, sin sello, sin identificar al firmante, que lo hace "por autorización" (P.A.), figura inexistente en derecho administrativo, ya que éste sólo permite la suplencia o la delegación, según el escrito de los abogados del PP.

En el escrito remitido a la Audiencia también se advierte de que el informe del Interventor General de la Junta que ha aportado José Antonio Griñán es la página 4 de un fax, omitiéndose, al menos, las tres primeras páginas, con lo que la información ofrecida es sesgada e incompleta.

Los letrados del PP-A han pedido al tribunal que admita la documentación, pero como prueba sobre la declaración de José Antonio Griñán, que con su aportación pretendía acreditar que sólo plasmaba su firma para elevación de la propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno, cuando obraban todos los informes y firmas necesarias.