El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, calculó ayer en torno a 4.500 millones de euros el coste de la rebaja de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social en 1,5 puntos y reiteró el compromiso del Gobierno para mantener el equilibrio de las cuentas del Sistema.

Después de que ayer el Gobierno propusiera a sindicatos y patronal una rebaja de hasta 1,5 puntos en el pago de cuotas empresariales a la Seguridad Social, Granado señaló en rueda de prensa que el diálogo social sigue “abierto” y que en los próximos días se verá si hay terreno para el acuerdo o el escenario es “insuficiente”.

En las reuniones que el Ejecutivo mantuvo con los agentes sociales, éste les entregó un documento en el que consta una rebaja de medio punto de las cuotas que los empresarios pagan para los accidentes y las enfermedades laborales, cuyo coste Granado cifró en 1.500 millones de euros, y otra reducción “transitoria” de un punto durante 2010, valorada en 3.000 millones.

Esta segunda parte de la reducción, “excepcional”, según el secretario de Estado, se ciñe al año 2010, con el objetivo de aliviar los costes vinculados al empleo de las empresas que se encuentren en situación de “grave crisis”.

En este sentido, aunque el Gobierno no contempla el desequilibrio presupuestario de la Seguridad Social, Granado aseguró que en caso de que así ocurriera se darían garantías “suplementarias”, que pasarían a concretarse si se formaliza el acuerdo.

A su juicio, la prioridad del Ejecutivo es mantener un sistema de protección social “fuerte” y “consolidado”, por lo que la propuesta de reducir la tarifa de contingencias profesionales, inspirada en la separación de fuentes, se financiaría con los excedentes que las mutuas han generado en estos años.

El secretario de Estado explicó además que el Gobierno se encuentra en una posición de “centralidad” entre sindicatos y empresarios, entre unos que consideran la rebaja de cotizaciones “demasiado importante” y otros que le dan “poca importancia”.

En relación con el margen existente para aumentar esta reducción, Granado aseveró que están abiertos a analizar cualquier propuesta, siempre y cuando los costes sean “asumibles”, en línea con el marco presupuestario que prevé el Gobierno para la Seguridad Social (superávit del 0,2% del PIB en 2010).