Los propietarios de viviendas atrapados en una precaria situación económica tienen desde hoy un nuevo paraguas con el que protegerse de los desahucios si no pueden afrontar sus hipotecas. El convenio suscrito este martes por la Junta de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial, al que se adhiere la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, fomenta el intercambio fluido de información desde las bases de datos de ambas instituciones para hallar soluciones urgentes a las familias en severo riesgo de exclusión social.

En la práctica, el acuerdo ratificado en el Palacio de San Telmo por Susana Díaz y Carlos Lesmes trata de combatir un escenario muy común en los años más duros de la crisis: los jueces ordenaban la salida de la vivienda sin conocer la situación real que atravesaba su dueño. A partir de ahora, los servicios sociales autonómicos y municipales dispondrán de acceso rápido a los datos de las personas sobre las que pese una ejecución hipotecaria, pero el flujo de información también será inverso y los jueces tendrán la potestad, siempre de conformidad con las leyes procesales, de suspender los alzamientos en circunstancias extremas cuando constaten que existe imposibilidad real de afrontar los pagos.

El convenio, con un año de validez y prorrogable cuando venza en marzo de 2017, marca la senda de un protocolo de actuación en los casos de ejecuciones hipotecarias que arranca con la información al afectado sobre el Código de Buenas Prácticas Bancarias, con posibilidad de alcanzar acuerdos con la entidad financiera, e incluye también el acceso a los servicios sociales o al Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda de la Consejería de Fomento.

El intercambio continuo  de datos implica también que los servicios de atención social conocerán las fechas de ejecución de los alzamientos y las direcciones de las viviendas, así como la información a los afectados del derecho que les asiste de solicitar abogados y procuradores de oficio. El CGPJ se encargará de difundir la iniciativa a los jueces y la FAMP, por su parte, promoverá la adhesión al convenio de los municipios.

La Consejería de Fomento ha atendido desde 2012 a casi 10.000 afectados por ejecuciones hipotecarias. Andalucía concentró en 2015 el 25% de todos los casos de España.

“Liderazgo” con otro recado al PP

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Vázquez, celebró que el convenio ratifica el “liderazgo” de Andalucía en la lucha nacional contra los desahucios. Entre las medidas ya en vigor citó la Ley de Función Social de la Vivienda, “que no podemos desarrollar por el recurso del PP ante el TC”, y la paralización de los casos de desahucios en el parque público de viviendas.