El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se presentó en loor de multitudes en los Desayunos de Europa Press. No cabía nadie más y pocos desayunos han tenido esa expectación. Ya había intervenido en la Comisión de Justicia del Congreso, pero éste era su debut en Las Ventas y con picadores. Cumplió y dejó buenas sensaciones, aunque no se arrimó todo el tiempo al toro. De momento es bastante. Para empezar, las diferencias de estilo, de formas, de ofrecimientos y de prudencia respecto a su antecesor en el cargo fueron tantas que parecía que estábamos en mundos diferentes. Es tan de izquierdas como su predecesor, incluso con mayor carga ideológica, pero no se parecen en nada más. Se sabe el diagnóstico, es crítico –“hay cosas que no hemos sabido hacer”–, tiene experiencia en la negociación y voluntad de acuerdo. Ahora lo que necesitamos son realidades.

Caamaño fue conciliador, ofreció diálogo –habló claro y directo de un acuerdo social “con todos”– y anunció medidas para mejorar la calidad de la Justicia, recursos para conectar todos los sistemas informáticos de las administraciones públicas, cambios importantes en la instrucción del proceso penal –aunque eso ya lo prometió Bermejo–, la modernización del Registro Civil, único y accesible online a todos los ciudadanos, un nuevo Código Penal y una profundización en los derechos de las víctimas. Hasta ahí, aprobado.

Pero no basta. Habló mucho de las administraciones públicas, pero poco del resto de los operadores jurídicos –por ejemplo en el tema tecnológico–, tal vez porque muchos siguen actuando como si la justicia fuera sólo jurisdiccional. Respecto del pacto social por la Justicia, tras el fracaso del de 2001, otro fracaso nos conduciría a una situación insostenible. 

Porque, además, hay muchos operadores jurídicos que piensan que este modelo de Justicia, tal como está concebido no tiene solución y que los repetidos parches no sirven para nada. Y que no se puede aprobar una reforma medianamente importante que pueda ser cambiada dos o tres años después, cuando llegue un nuevo Gobierno. El ministro tiene una difícil tarea por delante y una imperiosa necesidad de llegar acuerdos con la oposición, con las autonomías, con el Poder Judicial, con los abogados, los notarios, los secretarios judiciales, los registradores. Con todos, sin exclusiones, pero, sobre todo, con los ciudadanos porque o la Justicia es para los ciudadanos o no es Justicia. En todo caso, este cambio de ministro es una oportunidad y un reto. Todo un cambio.