El Ayuntamiento de Cádiz rechazó ayer cualquier implicación en la presunta trama de prevaricación y cohecho que la Fiscalía Anticorrupción está investigando a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias y en la que podrían encontrarse involucrados unos ocho consistorios españoles. 

El Gobierno local indicó no tener constancia oficial de ningún requerimiento judicial que haga referencia a este asunto. Y, en consecuencia, anunció que se reservará el derecho a ejercer acciones legales contra aquéllos que realicen acusaciones “falsas” y “hayan afectado de manera directa a la imagen de la ciudad”. 

Ésa ha sido la reacción del Ayuntamiento tras conocer la demanda interpuesta por Manos Limpias, que sitúa a la Corporación gaditana entre las que habrían cometido ilegalidades derivadas de una supuesta relación con el grupo inmobiliario Dico. Para ello, se basa en la declaración de un ex director general de operaciones y estrategia de esta compañía, quien --al parecer-- ha formulado ante notario varias actas de manifestaciones que, actualmente, obran en poder de la Fiscalía. 

Sin embargo, el equipo de Gobierno aseguró ayer haber consultado sus archivos municipales sin encontrar ningún proyecto en los últimos diez años que responda al nombre de esta empresa. De ahí su disposición a pleitear en los tribunales, llegado el caso, para defenderse de las imputaciones vertidas al respecto.

EL SECRETARIO SE RATIFICA
Sea como fuere, tal advertencia no impidió que el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, ratificara ayer su posición ante el fiscal y le detallara la procedencia de la información recogida en su denuncia. 

El representante de esta organización no sólo no se retractó ni un ápice en sus aseveraciones, sino que las corroboró a este periódico. E incluso sostuvo que, según palabras del propio ex directivo de Dico, “tanto la alcaldesa de Cádiz como el concejal de Urbanismo habían sido corrompidos por este grupo” y que “él disponía de la documentación para avalarlo”. Pero no concretó cómo ni cuándo ni de qué forma se llevó a cabo este presunto soborno. 

La demanda interpuesta por el sindicato se dirige contra los altos cargos de la citada compañía y contra los responsables políticos de los municipios en el punto de mira. Ambos habrían incurrido, según los escritos de Fiscalía, en delitos de cohecho, tráfico de influencia y prevaricación a partir del “pago de comisiones por diferentes favores, además del otorgamiento o concesión de parkings o licencias para implantación del mismo negocio”. 

Por último, Bernard restó credibilidad al pronunciamiento del Consistorio gaditano. “Ahora resulta que ningún ayuntamiento tenía vínculos con Dico”, ironizó sobre este punto. Y auguró que en los próximos días “se conocerán las pruebas correspondientes”, una vez que declare el denunciante, para quien Manos Limpias ya ha solicitado la condición de testigo protegido. 

LA OPOSICIÓN EXIGE UNA ACLARACIÓN
Los partidos de la oposición no tardaron ayer en expresar su preocupación ante la denuncia planteada por Manos Limpias. Por un lado, el secretario local del PSOE, Federico Pérez Peralta, mostró su esperanza de que “el Ayuntamiento haya actuado correctamente”. Pero reclamó a la alcaldesa, Teófila Martínez, que “tranquilice a la opinión pública” y aclare “con papeles y documentos” que no tiene nada que ver con esta aparente trama de corrupción. 

De este modo, adelantó que su grupo municipal solicitará información sobre las adjudicaciones y subrogaciones realizadas por el Consistorio. 

Por su parte, el portavoz de IU, Sebastián Terrada, requirió también una explicación al Ayuntamiento y le conminó a adoptar acciones legales contra el sindicato “para salvaguardar el nombre de la ciudad”, si realmente se demuestra que el Gobierno local no ha formalizado ningún contrato con Dico ni con ninguna empresa relacionada.