La Fiscalía Anticorrupción y la acusación que ejerce la Junta de Andalucía han solicitado este jueves una fianza de responsabilidad civil de once millones de euros para dos abogados del despacho Estudios Jurídicos Villasís, bufete que según la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares sirvió como "centro de lavado" de las ganancias obtenidas en comisiones por el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas.
De este modo, y según las fuentes consultadas por Europa Press, a lo largo de la jornada de este jueves han comparecido ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, tanto Alfredo Jiménez como José Luis Leal, hermano del también socio del despacho Carlos Leal, a quien la juez mandó a prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros el pasado mes de julio, cantidad que el encausado abonó en ese mismo momento.
Las fuentes han apuntado que la instructora ha imputado a ambos los mismos delitos que a Carlos Leal, como son prevaricación, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho, asociación ilícita y malversación impropia.
José Luis Leal, que fue detenido el pasado mes de marzo en la primera fase de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil, ha defendido durante una comparecencia que se ha extendido por espacio de 90 minutos que era su hermano quien "lo llevaba todo".
RELACIÓN MERCANTIL PERO NO LABORAL CON JUAN LANZAS
Tanto éste imputado como su compañero Alfredo Jiménez han señalado durante su declaración que Juan Lanzas "era un colaborador" del despacho y se dedicaba "a la captación de clientes", de manera que entre el bufete y el 'conseguidor' existía "una relación mercantil, pero no laboral", aunque la juez considera que el exsindicalista "se dio de alta" en el despacho "entre los días 18 y 28 de febrero de 2011, teniendo asignado un sueldo de 22.000 euros al año".
La Fiscalía Anticorrupción ha cuantificado en unos 25 millones de euros el volumen total de las operaciones en las que habría intervenido Estudios Jurídicos Villasís, y como considera que tanto José Luis Leal como Alfredo Jiménez poseen cada uno un tercio del bufete, les ha pedido una fianza de responsabilidad civil de once millones, cifra en la que se incluye el tercio legal previsto. A esta solicitud se ha adherido la acusación que ejerce la Junta.
En la jornada de este jueves, la juez ha tomado también declaración a María Antonia Carrasco, mujer de Carlos Leal, que se ha acogido a su derecho a no declarar después de que la juez le haya imputado cuatro presuntos delitos de malversación, cohecho, asociación ilícita y contra la Hacienda Pública.
DECLARAN DOS TRABAJADORAS DE VITALIA
También han declarado ante la juez dos trabajadoras de Vitalia, en concreto la exsecretaria hasta 2005 del exdirectivo Antonio Albarracín, que estuvo encarcelado por este caso hasta que logró pagar la fianza de 600.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla, y la responsable del departamento de contabilidad del holding.
La juez ha imputado a la exsecretaria de Albarracín, Eva María Domínguez, tres presuntos delitos de falsedad, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. En su declaración, la encausada ha señalado que los sindicatos "no frecuentaban" la sede de Vitalia y ha dicho desconocer si éstos facilitaban información sobre empresas en crisis.
De su lado, la responsable del departamento de contabilidad de Vitalia, Olga Pascual, a quien la juez ha imputado cuatro presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, ha aseverado que no existía una relación "periódica" con los sindicatos aunque anualmente "sí se les realizaban varios pagos".
Además, ha indicado que era el exdirectivo Eduardo Pascual --actualmente encarcelado por estos hechos-- quien "daba las instrucciones".
