La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha imputado este jueves tres delitos a la que fuera secretaria hasta el año 2005 del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, que estuvo encarcelado por este caso hasta que logró pagar la fianza de 600.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla.
Varios abogados presentes en la comparecencia han informado a los periodistas de que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha imputado a Eva María Domínguez tres presuntos delitos de falsedad, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública por la facturación de las pólizas que tramitó Vitalia a través de la empresa Permar 21.
Durante su declaración, la imputada ha señalado que los sindicatos "no frecuentaban" la sede de Vitalia y ha dicho desconocer si éstos facilitaban información sobre empresas en crisis.
Al finalizar su declaración, se ha celebrado una comparecencia en la que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones han pedido medida cautelar alguna, ni de naturaleza personal ni real, para la imputada.
También ha comparecido ante la juez la que fuera responsable del departamento de contabilidad de Vitalia, Olga Pascual, a quien la juez ha imputado cuatro presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
Esta imputada ha señalado que no existía una relación "periódica" con los sindicatos aunque anualmente "sí se les realizaban varios pagos", aunque no ha aclarado en qué concepto, mientras quien también ha señalado que era el exdirectivo Eduardo Pascual --actualmente encarcelado por estos hechos-- quien "daba las instrucciones".
En la comparecencia de medidas celebrada al finalizar su declaración, la Fiscalía Anticorrupción únicamente ha solicitado que la imputada comparezca de manera periódica en el Juzgado.
También está previsto que comparezcan este jueves ante la instructora dos abogados de Estudios Jurídicos Villasís, un bufete que según la magistrada sirvió como "centro de lavado" de las ganancias obtenidas en comisiones por el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, a cuyo entramado societario habría abonado dicho despacho 1.156.131 euros "mediante facturación falsa por servicios inexistentes".
De este modo, comparecerán ante la juez José Luis Leal, hermano del abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal --también imputado en la causa y a quien la juez mandó a prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros, cantidad que el encausado abonó en el mismo momento--, y el también letrado del despacho Alfredo Jiménez, así como la mujer del primero de ellos.
