Más de 500 personas en la provincia, entre procuradores y personal laboral adscrito a sus despachos, se verán gravemente perjudicadas por la reforma de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales que tramita el Gobierno central, y que establece en la práctica la supresión de esta profesión.
La modificación legislativa que prepara el Ejecutivo central, que en la actualidad se encuentra en fase de anteproyecto, supondrá una merma en la calidad de la justicia, un mayor encarecimiento de los procedimientos, una falta de agilización y una absoluta inseguridad jurídica, según han puesto de manifiesto este viernes en rueda de prensa la secretaria de Organización del PSOE de Granada y diputada, Elvira Ramón, el secretario de Política Institucional de los socialistas, Pedro Fernández, y la decana del Colegio de Procuradores de Granada, Mónica Navarro.
Elvira Ramón ha asegurado que este anteproyecto de ley es “una vuelta de tuerca más” en el alejamiento de la justicia del ciudadano y una nueva vulneración de la tutela judicial efectiva. A su juicio, el Partido Popular está creando una justicia exclusiva para ricos al restringir el acceso en igualdad de condiciones para todos. “Se está vulnerando totalmente la tutela judicial efectiva al interponer continuamente obstáculos para que los ciudadanos puedan acudir a la justicia en igualdad de condiciones”, ha añadido.
La representante socialista ha subrayado además la capacidad del Partido Popular para suscitar la oposición de todos los colectivos de la justicia con sus reformas encaminadas a “pisotear” derechos básicos de los ciudadanos.
Por su parte, la decana del Colegio de Procuradores, Mónica Navarro, ha incidido en los perjuicios de los dos puntos clave que establece la nueva reforma como son la compatibilidad entre las profesiones de abogado y procurador y la desaparición del arancel. Según Navarro, estas dos medidas constituyen una “incongruencia legislativa”, ya que la reforma de la propia Ley de Enjuiciamiento Civil que se está tramitando no contempla dicha compatibilidad y considera además “conveniente” el mantenimiento de la representación técnica junto con la función pública.
Al imponer dicha compatibilidad, la reforma de la Ley de Colegios Profesionales desembocará en la merma de la agilización de los procesos. Navarro ha explicado que el anteproyecto repercutirá también en una pérdida de calidad en la justicia al permitir que cualquiera de los dos másteres que en la actualidad hay vigentes para ejercer como abogado o como procurador sean válidos para desempeñar estas funciones, que son totalmente diferentes.
Se perderá también el control deontológico, ya que, según ha denunciado, no será necesario estar adscrito a los dos colegios para poder ejercer la defensa y la representación. En lo que respecta al arancel, ha señalado que su liberalización promoverá que deje de cumplir una función social como venía haciendo hasta ahora al establecer unos precios que siguen sin variación desde 2003. Esto supone una garantía para el que está condenado en costas, cosa que no sucede ahora mismo con los honorarios de los abogados, ha declarado.
Según la decana del Colegio de Procuradores, esta medida provocará mayor inseguridad jurídica, al desconocer los precios que se aplicarán al cliente y al condenado en costas.
“De espaldas a la ciudadanía”
Por último, el secretario de Política Institucional de los socialistas granadinos, Pedro Fernández, ha incidido en que estas medidas del PP se llevarán a cabo con una absoluta falta de consenso con los colectivos afectados y “de espaldas a la ciudadanía”. “La tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia y los derechos constitucionales que amparan a todos los ciudadanos están siendo vulnerados”, ha afirmado.
De esta manera, se encarecen los honorarios y se vulnera la legítima diferenciación entre colectivos, unas medidas que su suman al encarecimiento de las tasas y a la supresión de los partidos judiciales, que “supone una auténtica usurpación del derecho de la ciudadanos a acceder a la justicia”, ha incidido.
