El aeródromo de Cuatro Vientos acogió ayer el acto de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), un evento que ha reunido en Madrid a cientos de miles de personas llegadas de todo el mundo. El portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, admitió el viernes que los beneficios de este encuentro no son “cuestión de fe”, sino “un hecho”.

El evidente carácter religioso de la JMJ no puede ocultar los notables réditos que suponen para España la llegada de tantos miles de jóvenes de todo el mundo, que probablemente se convertirán en los mejores propagandistas de todo aquello que han visto y disfrutado.

De ahí que no se entienda a quienes estas últimas semanas han tratado de enturbiar el encuentro criticando los gastos y molestias que acarreaban su celebración. Cualquier tipo de evento multitudinario perturba la cotidianidad de los pueblos, ya sea la celebración de un campeonato deportivo o de un festival de rock. El Carnaval, la Semana Santa, las ferias o el Mundial de Motociclismo provocan alteraciones de tráfico y molestias de todo tipo, a lo que deben sumarse los costes que se derivan de los servicios extraordinarios de seguridad o limpieza.

El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero -nada sospechoso de comulgar con los postulados de la Iglesia católica- estaba en la obligación de facilitar la celebración de este multitudinario encuentro. Lo contrario, además de un desprecio a los miles de jóvenes peregrinos, hubiera sido todo un desatino desde un punto de vista meramente utilitarista. Ni siquiera quienes no comparten el contenido de la JMJ pueden poner en duda el respaldo institucional al evento, salvo que bajo el paragüas del ateísmo o el agnosticismo se pretendan esconder realmente actitudes de mera intransigencia hacia todo aquello que representa la Iglesia católica.

Distinto sería que el Estado como tal se dejase influenciar por el mensaje de Benedicto XVI, porque en ese caso sí correría el riesgo de perder su carácter aconfesional. Pero ya Blanco se encargó de recordar este pasado viernes que el “respeto” que el Gobierno de España profesa a la doctrina católica no implica en modo alguno que esas tesis puedan “marcar” su agenda política y legislativa.