La estudiante antifranquista de la Universidad de Granada (UGR) Isabel Alonso Dávila ha presentado este lunes de forma telemática en el servicio común de registro y reparto de los juzgados de Granada una querella por crímenes contra la humanidad como consecuencia de la detención que sufrió el 10 de octubre de 1975, estando embarazada de cuatro meses y siendo encerrada durante varios días en una celda en la que fue objeto de agresiones contra su "integridad psicológica, moral y sexual", a fin de que haya "garantía de no repetición".
En la presentación de la querella, en un acto junto al abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) Raúl Maíllo García, entre otros, en la Sala de Conferencias de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UGR, donde estudió, Alonso Dávila ha detallado varios de los episodios que le tocó vivir en aquellos días, entre otros la insinuación que ha dicho le hizo una religiosa invitándola a tener un "parto clandestino" y que su hijo se quedara "a nombre de otra persona" de alguna familia acomodada de la época.
Estuvo "cinco días más" en comisaría de los que le habrían correspondido, en aplicación de la ley antiterrorista, cuando ella "no había participado en un acto violento" en su vida, ha detallado esta militante antifranquista, reivindicando el reconocimiento que su generación ha dicho merece por lograr cuestiones políticas por ejemplo por la igualdad de la mujer que no se preveían en principio para la Transición.
Ha indicado a su vez sobre la querella que le gustaría "ser optimista" sobre el resultado que pueda tener para que se investigue en un "camino de verdad, justicia y reparación", en tanto no fue "ninguna delincuente".
El abogado Raúl Maíllo por su parte ha animado a trabajar para "seguir exigiendo esa realización de la justicia" con el objetivo de una "reparación que es personal pero también es de carácter colectivo" y un "Estado que no permite la impunidad".
Ha detallado que la estructura de la querella pivota sobre varios artículos de la ley de memoria histórica y democrática y sobre varios tratados internacionales que recogen principios de Naciones Unidas "que son irrenunciables" en tanto protegen contra los "crímenes de lesa humanidad" que puedan tener como objetivo "eliminar al adversario político".
Son "optimistas con independencia de que el resultado no sea inmediato" y conscientes de que este tipo de querellas han de derribar "muros más políticos e ideológicos que jurídicos", ha explicado Maíllo.
Según ha informado Ceaqua en una nota de prensa sobre el acto, en la querella se ha denunciado "los malos tratos sufridos por la militante antifranquista" durante la detención por parte de la Brigada Político-Social el 10 de octubre de 1975, en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, en las inmediaciones de la Plaza de los Lobos.
"Durante 8 días, Isabel sufrió agresiones contra su integridad psicológica, moral y sexual, vulnerando sus derechos fundamentales", han indicado desde Ceaqua, incidiendo en que la detención "se produce en el contexto de represión del movimiento estudiantil antifranquista de la UGR donde cientos de estudiantes fueron represaliados".
Esta querella, se suma a las más de 115 querellas criminales presentadas en todo el Estado, exigiendo la investigación judicial de crímenes franquistas, constitutivos de crímenes contra la humanidad y que "hasta la fecha continúan impunes".
Hasta el momento, la respuesta por parte de los juzgados y tribunales españoles a la presentación de dichas querellas ha resultado bastante uniforme, en el sentido de inadmitirlas a trámite y archivarlas, salvo alguna excepción que está aún pendiente de resolverse definitivamente, han detallado desde la coordinadora.
"Durante este año en el que se conmemora el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y en el que el Gobierno ha programado por ello más de 100 actos, desde Ceaqua queremos interpelar al Gobierno de coalición y a los grupos parlamentarios que conforman el poder legislativo para recordarles que su inacción para revertir las políticas de impunidad impiden el reconocimiento pleno de los derechos de las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura y la Transición", han aseverado.
