La fiscalía surcoreana imputó en la víspera al presidente Yoon Suk-yeol, acusado de insurrección por su fugaz declaración de la ley marcial, un hecho sin precedentes en el país que expone al mandatario a una eventual larga pena de cárcel en paralelo al otro juicio político abierto sobre su destitución.
Yoon, quien permanece bajo arresto preventivo desde el pasado día 15, se ha convertido así en el primer presidente del país en ser imputado estando en el cargo, aunque el Parlamento nacional lo inhabilitó a mediados del mes pasado, decisión que deberá mantener o revocar el Tribunal Constitucional en los próximos meses.
El proceso penal y el juicio político que afronta el mandatario conservador están motivados por su decisión de declarar la ley marcial el pasado 3 de diciembre, una medida que fue rápidamente anulada por el Parlamento controlado por la oposición y que desencadenó la peor crisis política del país en su historia reciente.
Imputación in extremis
La oficina especial de la Fiscalía a cargo del caso decidió imputar a Yoon en la tarde del domingo, a unas horas de que este lunes expirara el plazo de detención preventiva decretado para el mandatario.
La Fiscalía optó por ir adelante con la acusación formal después de que durante el fin de semana un tribunal de Seúl rechazara las dos solicitudes que había presentado para prorrogar el periodo de arresto de Yoon, con vistas a tratar de extraer una declaración del mandatario que pudiera ser empleada en el caso contra él.
Yoon se ha negado a comparecer en hasta seis citaciones para declarar mientras estaba bajo arresto, tras asistir a un primer interrogatorio en el que permaneció en silencio, maniobras con las que el mandatario y su equipo legal trataron de obstaculizar una investigación que califican de "ilegal".
La Fiscalía tendrá ahora que defender la acusación contra Yoon ante un tribunal sin tener una declaración tomada del imputado y basándose en otras pruebas que ha ido recopilando hasta la fecha.
Con la imputación de Yoon, la Fiscalía ha evitado por ahora la liberación del mandatario, ante el temor a que este pudiera destruir pruebas y después de que su detención el pasado día 15 se llevara a cabo tras un largo asedio a la oficina presidencial con un despliegue de unos 3.000 policías y entre protestas de millares de simpatizantes del político conservador.
Una vez acusado ya formalmente, la detención de Yoon puede prorrogarse ahora hasta seis meses si así lo decide la justicia a petición de la Fiscalía.
Cargos en su contra y posibles penas
Yoon está acusado de conspirar con altos cargos políticos y militares para incitar una insurrección con la declaración del estado de emergencia sin que existieran motivos que justificaran el uso de esta medida extraordinaria como serían un conflicto armado o una crisis nacional.
También se le considera responsable de ordenar el despliegue de fuerzas militares en el Parlamento para evitar que los diputados participaran en una votación para revocar la ley marcial horas después de haber sido declarada, y de planear la detención de figuras políticas de la oposición y de funcionarios de la oficina electoral nacional.
La imputación presentada por la Fiscalía llega después de que el caso le fuera transferido por la Oficina de Investigación de Casos de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO por sus siglas en inglés), organismo que había liderado la investigación sobre Yoon pero sin potestad para acusar formalmente al presidente.
El ministerio fiscal descartó acusar también a Yoon de abuso de poder, otro posible delito por el que se le investigaba pero del que el mandatario está protegido por la inmunidad presidencial, que no es aplicable a delitos de insurrección.
La pena por liderar una insurrección en Corea del Sur es la cadena perpetua o la pena de muerte, aunque para esta última existe una moratoria desde 1997.
Juicio político paralelo y crisis política continua
A su vez, el Tribunal Constitucional está celebrando un juicio político para determinar si restituye a Yoon en su puesto o si ratifica su destitución parlamentaria, decisión que conllevaría la convocatoria de elecciones presidenciales adelantadas.
Al declarar la ley marcial el 3 de diciembre, Yoon dijo que lo hacía para proteger el "orden constitucional" de actividades "anti-estatales" de las que el mandatario acusa al principal bloque de la oposición, el Partido Democrático (PD), al que tildó de "fuerzas pronorcoreanas".
En su primera comparecencia ante el Constitucional la semana pasada, Yoon afirmó que recurrió a esa medida como un recurso legal en el intercambio de golpes que venía manteniendo con la oposición, en el contexto de falta de consensos y diálogo político que ha marcado las dos últimas legislaturas en Corea del Sur.
Este enfrentamiento continúa en torno a los procesos contra Yoon, con el PD por un lado urgiendo al mandatario a colaborar a la justicia, y el gobernante Partido del Poder Popular (PPP) por el otro cargando contra la Fiscalía por imputar al presidente.
