La medida del Gobierno de aplicar un IVA reducido del 2% en alimentos básicos como el aceite de oliva virgen extra (AOVE) y del 7,5% en otros productos esenciales está llegando a su fin. A partir del próximo 1 de enero, los precios volverán a incluir el IVA “normal”, lo que supone un nuevo desafío para los consumidores en un contexto de inflación persistente. Desde su implementación a finales de 2022, los precios de la cesta básica no solo no han bajado, sino que han acumulado una subida superior al 9%, según los últimos análisis.
En diciembre, se ha detectado una ligera moderación del 5,56% en los precios, atribuida principalmente a caídas significativas en productos clave. Destacan la bajada de hasta un 15% en el AOVE, un 10% en los plátanos y un 11% en las patatas. Sin embargo, no todos los productos han seguido esta tendencia. El aceite de girasol, por ejemplo, ha experimentado un encarecimiento de 16%, lo que evidencia la volatilidad del mercado. Actualmente, el precio medio de la cesta básica en las principales cadenas de distribución se sitúa en 32,87 euros. Mientras algunas cadenas, como DIA, han moderado sus precios hasta los 1,97 euros, otras, como Mercadona, los han incrementado ligeramente en 40 céntimos.
Según los expertos, la medida adoptada hace dos años ha fracasado en sus objetivos principales. Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, señaló que “queda demostrado que no se han vigilado los márgenes ni se ha establecido un cauce de cumplimiento de lo que la bajada del IVA pretendía: abaratar la cesta de productos básicos”. Además, criticó que la bonificación no se diseñó para beneficiar específicamente a los más vulnerables, generando un impacto desigual. “Por otra parte, como venimos reiterando, ha sido una medida sin graduación, que ha beneficiado tanto al que más compra como al que menos”, explicó Suárez.
El regreso del IVA estándar, previsto para enero, podría aumentar aún más los precios, extendiendo sus efectos hasta 2025, cuando se prevé una mayor presión inflacionaria. Desde ASUFIN, se insiste en que el Gobierno debería explorar alternativas más eficaces, como ayudas directas a las familias que más lo necesiten. “Los gobiernos tienen medios para determinar quién necesita ayuda directa para combatir los efectos perniciosos de la inflación o cualquier otro factor que esté contribuyendo a la subida de precios”, afirmó Suárez.
