A pesar del aumento de casi mil millones de euros en el presupuesto de 2025 destinado a la sanidad, con 15.247 millones que marcan un récord ampliamente destacado desde la Junta, lejos de ser un remanso de paz esta cartera se ha convertido en el 'talón de Aquiles' del Gobierno de Juanma Moreno y en uno de los pocos quebraderos de cabeza del presidente andaluz.
Desde los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en supuesto fraude de ley hasta las movilizaciones continuas de los profesionales sanitarios reivindicando mejoras, pasando por el relevo al frente de la Consejería a mitad de año, el 2024 deja al Ejecutivo regional un sabor amargo en materia sanitaria.
Las "mareas blancas" han paseado por las calles andaluzas durante todo el año sus protestas y reclamaciones en defensa de la sanidad pública y pidiendo a la Junta que cumpla los pactos alcanzados en Atención Primaria en 2023, a la vez que criticaban el "inmovilismo" del Gobierno.
Estas movilizaciones, que se han sucedido a pequeña escala semana tras semana, han servido para denunciar el "deterioro" de la sanidad pública, pedir "menos cierres y más contrataciones" y advertir sobre la "estrategia" de la Junta de "iniciar una reconversión sanitaria en busca de un modelo distinto al que ha habido hasta ahora", según han advertido en reiteradas ocasiones los participantes.
Con lemas como "la salud no se vende, se defiende" o "la sanidad es un derecho, no un negocio" los convocantes han alertado sobre los planes privatizadores del Gobierno andaluz, a la vez que han protestado por las listas de espera en la comunidad.
Más de 200.000 andaluces en lista de espera para operarse
Y es que en el primer semestre del año un total de 203.979 pacientes aguardaban en Andalucía una intervención quirúrgica no urgente, un 5,9 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, con un aumento también en el número de días que tuvieron que esperar, hasta los 169 más que en junio de 2023.
Los datos del Ministerio de Sanidad reflejan así que a mitad de año que el porcentaje de personas con una espera superior a 6 meses aumentaba en la comunidad 6,6 puntos porcentuales, alcanzando el 31,6 por ciento, con las listas más abultadas en cirugía plástica (447 días); angiología y cirugía vascular (317) y neurocirugía (236 días).
La crisis abierta por las listas de espera había llevado a que el año se iniciara con la dimisión del gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Diego Vargas, y el viceconsejero Miguel Ángel Guzmán, sobre la mesa de la consejera, Catalina García, cuyo relevo empezó a ser reclamado de forma constante por la oposición y los sindicatos.
No fue hasta el 30 de julio cuando el presidente, aprovechando la salida de Carmen Crespo del gabinete para ser eurodiputada, acometió una reforma más amplia del Gobierno en la que la titular de Salud pasó a serlo de Sostenibilidad y Medio Ambiente, una cartera de menos peso y un movimiento que se interpretó como una salida airosa de Moreno: no entregaba la cabeza de García pero la gestión sanitaria ya no estaba en sus manos.
De ella se encarga desde entonces Rocío Hernández, licenciada en medicina y especialista en Pediatría, que ha negado desde su llegada al puesto que haya "caos" en la sanidad andaluza y ha sido criticada por los trabajadores por su "silencio" y "falta de respuesta" a las peticiones de diálogo.
Los contratos del SAS, en los tribunales
El que sí reconocía lo "desesperante" que resulta conseguir una cita médica era el propio Moreno en el debate sobre el estado de la comunidad, en el que anunció el pasado día 11 que se iban a corregir "fallos en la gestión" y que los centros de salud deberán ofrecer una cita para los usuarios en el plazo máximo de 72 horas, aunque sea con un médico de familia que no es el suyo e incluso de otra provincia.
En ese debate no tuvo sin embargo demasiado protagonismo el que ha sido el último sobresalto sanitario para el Gobierno del PP: la denuncia presentada por el PSOE ante los tribunales acusando a la Junta de presunta malversación y prevaricación al adjudicar "a dedo" 458,3 millones de euros en miles de contratos menores "en fraude de ley", tras los informes de la Intervención de la Junta.
Se trataría de contratos "exprés" de emergencia sanitaria a empresas privadas, sin publicidad ni concurrencia competitiva, realizados por el procedimiento excepcional aprobado durante la pandemia del covid y que el SAS siguió utilizando hasta 2023, dos años después de su derogación legal.
Negado desde el primer momento por el Gobierno andaluz, el PSOE habla del "mayor caso de corrupción" sanitaria, que ha supuesto la imputación de los tres últimos gerentes del SAS, incluida la actual, Valle García, cuyo cese solicitan a Moreno, de quien dicen que "no ha dado ni una sola explicación", a la vez que critican que se haya rechazado crear una comisión de investigación parlamentaria sobre este asunto.
Moreno por su parte ha dicho que confía "plenamente" en la justicia y, tras destacar que no hay ningún exconsejero imputado, ha añadido: "Si un partido decide hacer una denuncia serán los jueces quienes aclaren si hay una situación anómala, que a nosotros no nos lo parece".
