La ley, que surgió a iniciativa de ERC-IU-ICV, entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, según recoge el documento oficial, se inspira en los principios de independencia, objetividad y transparencia.
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, indicó que la ausencia hasta ahora de un organismo como este es una "auténtica rara avis" en comparación con otros países, ya que las oficinas presupuestarias tienen una larga tradición en países como Estados Unidos, Francia, Irlanda o el Reino Unido.
Por eso, aseguró que con esta iniciativa España sube "un peldaño más en la necesaria transparencia" y se acerca un "poquito más" a países de larga tradición democrática.
Asimismo, Ridao confió en que enriquezca y dinamice la actividad legislativa presupuestaria, el control sobre la liquidación presupuestaria, y sirva para luchar contra el oscurantismo que profesan los Gobiernos de cualquier signo político.
La diputada del PSOE María Jose Vázquez celebró la creación de la oficina y dijo que será un organismo ágil, flexible y transparente que permitirá conocer si se están cumpliendo los objetivos que motivaron cada partida presupuestaria.
El diputado del Grupo Popular Jesús Posada lamentó que el organismo creado sea más técnico y menos político que el que su partido había propuesto, e indicó que conseguir que un organismo que depende de la dos cámaras sea eficaz "no será sencillo" y, por lo tanto, habrá que hacer un esfuerzo para que salga adelante.
Por su parte, el portavoz de Ciu, Pere Macias, señaló que el objetivo final es que la informatización del sistema haga posible un control a tiempo real de cualquier partida y criticó que, hasta ahora, a veces pasaban meses desde el momento en que alguien pedía la información hasta que la recibía.
La Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales servirá también para ofrecer asesoramiento técnico a los diputados, senadores y grupos parlamentarios en las consultas que le realicen sobre el estado de ejecución o liquidación de los presupuestos así como de aquellos aspectos que tengan repercusión en los ingresos y gastos públicos.
Para ello, la oficina tendrá acceso a la información contable y presupuestaria de la Administración General del Estado (AGE), incluido el sector público empresarial y las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
Una vez al año el instrumento de control elevará un informe al presidente del Congreso de los Diputados para exponerle la evolución de la facilidad y rapidez con la que la AGE le proporciona la información requerida.
Además, el Gobierno deberá remitir a la oficina un informe mensual sobre la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, un informe semestral sobre el grado de ejecución de la inversión real del sector público estatal y un informe anual sobre la liquidación provisional del ejercicio presupuestario anterior.
