No sé cuándo nuestro Gobierno va a echarle cuenta a sus órganos consultivos. Esto es lo que ha ocurrido con la medida estrella que se inventó a finales de marzo para los tres meses siguientes de los 20 céntimos que nos regala cada vez que repostamos gasóleo o gasolina en estaciones de servicios situadas en el territorio nacional. Así, el Consejo Económico y Social, órgano asesor del Gobierno, tacha de ineficaz y regresivo el descuento en el precio del litro del carburante. Ineficaz porque no ha servido para disminuir el precio de los carburantes, y regresiva porque, al aplicarse por igual a todos los consumidores, resulta que beneficia a todos, ricos y pobres, lo que puede ser contrario a los principios básicos del sistema impositivo. Y, además, ese informe llega en el momento más inoportuno, justo cuando el presidente del Gobierno anunció la prórroga de esta medida hasta el próximo 30 de septiembre.


Pero es que no es sólo eso. Para la puesta en marcha de esta medida no se ha contado con el sector que resulta principal, esto es, las estaciones de servicio y los distribuidores a domicilio. El Real Decreto-ley 6/2022 los convierte en “colaboradores” y les impone algunas obligaciones formales (como si tuvieran pocas) y, sobre todo, fuertes compromisos para sufrir la carga financiera propia de esta medida, que se traduce, básicamente, en que tienen que adelantar la bonificación creada por el Gobierno a los usuarios del carburante de forma directa y en el mismo momento del suministro, mientras que la devolución que hace el Gobierno les llega, en el mejor de los casos, dentro del mes siguiente a la fecha en que practicaron el descuento.


Bien es cierto que cuentan con el denominado “anticipo”, creado por el citado Real Decreto-ley, que consiste en adelantarle a estos vendedores durante el mes de abril alguna cantidad de dinero calculada con criterios novedosos que nadie ha entendido por su ineficacia demostrada, y que ha resultado un verdadero desastre. Ese anticipo a veces ha sido mal calculado, no ha llegado en su cuantía justa o simplemente no ha llegado nunca, y en ciertos casos ha venido con el “regalito” de sufrir compensaciones con otras deudas tributarias del afectado que han sido deducidas de manera improcedente y sin posibilidad de revisión administrativa.


Vamos, un completo desastre que seguirá durante tres meses más.